Amnistía Internacional Argentina repudió este viernes la "vulneración de los derechos humanos" del Poder Judicial ante la resolución del juez federal marplatense Alfredo Eugenio López que dispuso la suspensión de la ley IVE en todo el país y denunciaron que dicho fallo "puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino".

“La ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) fue conquistada por el movimiento de mujeres y de derechos humanos tras un debate abierto, robusto y democrático. Esta decisión puede constituir una vulneración de los derechos humanos de millones de mujeres y personas con capacidad de gestar. Incluso, puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de la organización en Argentina.

El comunicado completo

Un juez de Mar del Plata hizo lugar a una medida cautelar y ordenó suspender la Ley de IVE. El magistrado Alfredo Eugenio López consideró que la normativa vigente -la ley 27.610- viola "la obligación internacional del Estado argentino de proteger la vida desde la concepción".

El Estado nacional apeló la decisión. Ahora, la Cámara de Apelaciones tiene la responsabilidad de revocar la decisión para garantizar los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Amnistía Internacional también manifestó su preocupación por el contenido de las redes sociales del juez Alfredo Eugenio López, a cargo del Juzgado Federal N°4, plagadas de afirmaciones agraviantes y violentas contra las mujeres defensoras de los derechos sexuales y reproductivos, lo que pone en riesgo su aptitud imparcial para decidir en el caso. Frases como "Verdes Femibolches" e "idiotas útiles", acompañadas de imágenes, son parte de sus comentarios.

Además, pese a que la acción judicial presentada pretendía la suspensión del Protocolo de Interrupción legal del embarazo (de 2019), lejos de ajustarse a esa petición, el juez abandona su deber de imparcialidad y se expide más allá de lo solicitado, arremetiendo contra la aplicabilidad de la ley de aborto. Todo funcionario público puede tener convicciones personales y religiosas en el marco de su esfera íntima, pero no pueden nublar su imparcialidad e imponerse por sobre los derechos a la salud, la vida, la autonomía, la privacidad, consagrados en la ley, la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Cuando sus ideas íntimas se impongan, debe apartarse.

Avanzada judicial

Desde que se aprobó la ley IVE hubo una avanzada judicial contra el derecho al aborto: se promovieron al menos 32 acciones judiciales. Sin embargo, más de la mitad fueron rechazadas y una minoría se encuentra aún en trámite. El rol del Poder Judicial como garante de los derechos humanos es proteger los derechos de las mujeres, y con ello la ley de aborto.

“El mismo movimiento que luchó incansablemente por el derecho humano al aborto legal no dudará en proteger la ley de interrupción voluntaria del embarazo que vino a saldar una deuda pendiente de Argentina con las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar”, agregó Mariela Belski.

Amnistía Internacional acompañó la sanción de la ley en los últimos 10 años y seguirá involucrándose para garantizar que todas las personas puedan ejercer sus derechos humanos. Además, la organización se ha presentado y seguirá interviniendo en aquellas causas judiciales que busquen impedir el derecho a la interrupción del embarazo.

Información adicional sobre la causa

El 7 de junio el Juzgado Federal N°4 de Mar del Plata a cargo de Alfredo Eugenio López dictó una medida cautelar que decreta la “inaplicabilidad de la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo No. 27610, protocolos y resoluciones” y ordena su “suspensión hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”. El 9 de junio el Estado Nacional apeló la medida, y toca a la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata resolver y revocar la decisión para garantizar el pleno cumplimiento de la ley.

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