La Cámara Federal porteña anuló los procesamientos del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y otros ex funcionarios kirchneristas como José López, Roberto Baratta y Ricardo Jaime, en la causa que investiga delitos en la adjudicación del soterramiento del ferrocarril Sarmiento.

La decisión fue de la sala II del Tribunal de Apelaciones que ordenó al juez del caso Marcelo Martínez De Giorgi profundizar la investigación y tomar en cuenta todos los delitos posibles, como pago de sobornos o fraude al Estado, según el fallo al que accedió Télam.

Con esta decisión también se declararon nulas las faltas de mérito que se habían dictado a empresarios imputados en el caso.

Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia argumentaron que el fallo que procesó a los ex funcionarios por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública careció de "fundamentos".

La investigación "está orientada desde su inicio a determinar posibles maniobras de fraude a la administración pública y pagos de sobornos del Grupo Odebrecht y socios locales a funcionarios integrantes de la estructura del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y/o de otras reparticiones, para lograr la adjudicación y continuidad en la distintas etapas de la obra “Soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito - Moreno” de la Línea Sarmiento", recordaron.

Este "acto administrativo que benefició al consorcio integrado –según anterior denominación- por las firmas Iecsa S.A., Constructora Norberto Odebrecht S.A., Ghella Societa Per Azioni y Comsa SA".

Los jueces Irurzun y Bruglia aseguraron que la resolución dictada era "nula" también porque aún faltaba la prueba clave: las confesiones en Brasil en el marco de las investigaciones del Lava Jato.

Para la Cámara, el juez Marcelo Martínez de Giorgi debe profundizar la investigación tomando en cuenta todos los delitos, incluido el pago de sobornos o el fraude al Estado.

La Cámara afirmó que "según alegan las partes acusadoras e imputadas, había prueba en uno y otro sentido (perjuicio económico / ausencia de ello)" y por ello "es imposible entonces dar respuesta a las pretensiones que presentan las apelaciones, porque -también en derredor de esta cuestión- no hay argumentos susceptibles de ser revisado", según publicó Infobae.

Los camaristas también hicieron foco en que no se explicó debidamente por qué se procesó a los ex funcionarios por negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes de funcionarios.

"En definitiva, todo cuanto se viene de expresar conlleva a sostener -como alegaron las partes- que la decisión adoptada carece de fundamento que permita revisar los aspectos centrales a los que debe darse respuesta. Es por ende nula. Esta situación impone que el Juez, una vez que cuente con los elementos requeridos para completar la instrucción y corroborar determinadas referencias que obran en ésta, se expida motivadamente sobre los cargos que pesan sobre los indagados, evaluando cada situación o aporte individual, así como las diferentes hipótesis que se han formulado sobre los hechos (sobornos, fraude al Estado, negociaciones incompatibles), con arreglo a los lineamientos aquí explicados", sostuvo el fallo.

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