El intendente Carlos Arroyo se mostró preocupado por las manifestaciones con quema de gomas que se realizan en la puerta de la Municipalidad y celebró un fallo de la Suprema Corte de la Provincia que respalda el reclamo de la Comuna para desactivar este tipo de protestas.

Pero al mismo tiempo Arroyo denunció que hay "una resistencia" de las fiscalías locales para actuar ante esta clase de manifestaciones frente al municipio. "La Justicia marplatense no estuvo a la altura de las circunstancias. Durante dos años tuve que soportar manifestaciones y quema de gomas", afirmó.

"Siempre le solicité a las fuerzas de seguridad que se respetaran los derechos de las personas que querían transitar o respirar aire puro. Hoy tenemos escrituras de paredes históricas, el asfalto está arruinado", agregó.

Según el intendente, los fiscales locales "no respetaron a los ciudadanos" y manifestó que "no se puede vivir en un país donde no se cumplen los derechos".

La Cámara en lo Penal y de Garantías y el Tribunal en lo Criminal N° 3 habían desestimado un amparo presentado por el municipio para evitar las protestas con quema de neumáticos, bombas de estruendo, armado de carpas en la vía pública y cortes de calles. "A través de esos comportamientos constantes, desarrollados durante largas horas y en algunos casos varios días, se violentan derechos y garantías constitucionales como transitar libremente por la vía pública y disfrutar el ambiente sano", explicaron desde la Municipalidad. Sin embargo, la Justicia rechazó el planteo al considerar que "se podrían inquietar los derechos de libre expresión, de reunión y de peticionar ante las autoridades".

Ante el revés judicial, el municipio recurrió a la Suprema Corte que dispuso anular los fallos que desestimaron la acción de amparo. "No es posible omitir el tratamiento de los planteos del municipio en cuanto se denuncian, entre otras afectaciones de garantías constitucionales, un daño al medio ambiente que se encuentra vedado en el artículo 41 de la Constitución", argumentó el máximo tribunal.

Así, la Suprema Corte dispuso "sustanciar la acción de amparo permitiendo que se analicen las acciones de algunos grupos y movimientos que al ejercitar el derecho de petición ante las autoridades al mismo tiempo alteran y avasallan otros derechos y garantías de raigambre constitucional en perjuicio de la población".

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