De las 1200 denuncias que se realizaron en Mar del Plata por ataques de perros a distintas personas, en el 90% de los casos los animales involucrados tienen dueño. Así lo aseguró Pablo De la Colina, subsecretario de Salud municipal.

La situación de los perros peligrosos volvió a cobrar relevancia a raíz del ataque que este martes protagonizaron tres pittbulls contra una nena de 9 años cuando volvía de la escuela. La menor sufrió distintas mordeduras en la cara y debió ser intervenida quirúrgicamente en el Hospital Materno Infantil.

“A veces se cree que los perros callejeros son los que más muerden, pero las estadísticas marcan que los perros con dueños son los que más atacan a las personas cuando se los suelta, cuando se los tiene irresponsablemente en sus casas”, explicó De la Colina en diálogo con Telediario.

“Hay que tener muy claro que el 90% de las mordeduras son de perros conocidos, con dueños, que si no son de la casa son de un vecino o familiar o amigo. Hay un pequeño porcentaje, que también es grave, de perros callejeros”, amplió De la Colina.

Ante esta situación, el funcionario recordó que “hay dos ordenanzas que hay que hacerlas cumplir. La ordenanza de tenencia responsable y la ordenanza de tenencia de perros peligrosos. Las ordenanzas dicen que no se pueden tener en el domicilio más de dos perros potencialmente peligrosos. En la casa de los dueños de los perros que atacaron a la nena había tres. Veremos cómo estaba la vacunación, si están castrados, como están alimentados. Se los va a retirar del domicilio y se los tendrá en zoonosis en observación durante un tiempo importante”.

Mientras tanto, este miércoles, Personal del Departamento de Zoonosis municipal logró dar con dos de los tres perros pitbull que participaron del ataque. Aun resta ubicar al restante, que es el que mordió a la nena.

A principios de septiembre, el fiscal general federal, Daniel Adler, presentó una denuncia penal por la sucesión de ataques de perros sueltos en Mar del Plata.

Entre otras cosas, el funcionario solicitó que se ordene al Ejecutivo adoptar las medidas sanitarias correspondientes para evitar la circulación de perros sueltos y peligrosos para las personas, y que se garantice el abastecimiento de vacunas antirrábicas.

Según expuso, la falta de intervención en los ataques “pueden constituir delitos de acción pública que afectan a la comunidad”. “Se trata ni más ni menos, del elemental derecho a la integridad física y a la vida de las personas que habitan el Partido de General Pueyrredon, derechos que se ven afectados o puestos en riesgo por jaurías de perros qué pululan por diversos sectores de la ciudad, muerden y lastiman a las personas y generan la posibilidad de transmisión de una enfermedad mortal: la rabia”, detalló.

La denuncia, a la que tuvo acceso Ahora Mar del Plata, está dirigida a quienes “tienen el deber institucional de preservar la vida, la integridad física y el derecho a circular libremente de la población y no toman las medidas y recaudas necesarios y suficientes para evitar todo tipo de riesgo o lesiones de parte de perros sueltos y peligrosos”.

“Pese a tener conocimiento del grave riesgo de la población en relación a jaurías de perros que atacan personas en el distrito de General Pueyrredon, la autoridad competente no habría tomado las medidas adecuadas para evitarlo”, sostuvo y enumeró los tres casos que ocurrieron durante este año: dos en la zona de Punta Mogotes y el del último fin de semana.

“La reiteración de estos hechos y el presunto incumplimiento de los deberes funcionales pone en riesgo a toda la comunidad que convive a diario con estas situaciones, por lo que requeriré las medidas cautelares de protección de las personas tanto en lo que se refiere a la los perros sueltos y peligrosos como a la provisión de vacunas antirrábicas”, agregó Adler en la denuncia.

Al mismo tiempo, consideró que “el hecho objeto de investigación encuadra en delitos de tipo funcional, esto es abuso de autoridad o incumplimiento de los deberes de funcionario público, de acuerdo a lo que determine la investigación”, consideró

A partir de la gravedad de los hechos, Adler solicitó al juez de Garantías distintas medidas. En primer lugar, que se ordene al Poder Ejecutivo Municipal adoptar la medidas sanitarias correspondientes para evitar la circulación de perros sueltos y peligrosos para las personas.

Por otro lado, pidió que se ordene a los organismos competentes de orden nacional, provincial y municipal para que adopten las medidas necesarias a fin de que los Centros de Salud del municipio dispongan de stock permanente de vacunas antirrábicas.

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