Una nueva audiencia se realizó con vistas a un nuevo aumento de las tarifas de gas. La titular de la Liga de Amas de Casa, Marisa Sánchez, expuso como representante de la ciudad y planteó con énfasis la necesidad de recategorizar a la ciudad y recuperar al 100% la tarifa social. Además, rechazó la posibilidad de un nuevo “brutal” ajuste en la tarifa a partir de octubre.

La titular de la Liga de Amas de Casa expuso la dificultad que enfrentan los usuarios de la ciudad para pagar las boletas de gas que llegaron durante este año y resaltó el impacto negativo que conllevaría el nuevo incremento que se aplicaría el próximo mes.

“Lo que expresamos hoy es que este modelo económico en las tarifas nos está poniendo en una situación límite a los usuarios, que también afrontamos aumentos en otros servicios y bienes”, dijo Sánchez al hacer uso de la palabra en la audiencia.

Sobre la situación particular de Mar del Plata, detalló: “Ya que el aumento se va a aplicar igual, necesitamos que escuchen a las entidades defensoras de los usuarios que nos piden que reclamemos nuevamente ser reconocidos como zona fría".

"Desde 2016 –continuó– venimos presentando diferentes trabajos que fundamentan que nuestro distrito, General Pueyrredon, está equiparado en pautas de consumo con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando los registros en términos históricos de Mar del Plata asemejan su clima a los distritos del sur por las propias corrientes de aire frío que nos atraviesan”.

Al mismo tiempo, planteó la necesidad de “recuperar el criterio” de la tarifa social, a los fines de lograr “su aplicación al 100%” para todos los casos en los que debe aplicarse, ya que “en las actuales condiciones no sirve y es inexistente”.

Sobre este punto Sánchez hizo especial hincapié en la situación de los clubes de Mar del Plata: llevó a la audiencia los trámites de varios clubes para exponer su situación y defender sus tarifas, a los fines de resguardar la tarifa social de estas entidades.

“Las tarifas públicas como el consumo de gas deberían funcionar con un valor de costo retributivo por servicios realmente prestados, ya que los servicios públicos deberían ser considerados derechos humanos imprescindibles para la vida de una persona; por lo tanto no se puede lucrar con ellos”, sostuvo.

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