La diputada nacional Elisa Carrió, la legisladora del Parlasur Mariana Zuvic, y el periodista Jorge Lanata podrían llegar a pasar por el mismo atril para los testigos en el futuro juicio oral contra la ex Presidenta Cristina Fernández, el detenido "empresario" Lázaro Báez y otros ex funcionarios en la causa por el direccionamiento de la obra pública hacia las empresas del grupo liderado por la ahora quebrada Austral Construcciones.

Ellos tres fueron propuestos como testigos del juicio oral sin fecha de inicio aún por la querellante Oficina Anticorrupción (OA), en el marco del ofrecimiento de prueba abierto a las partes por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 (TOCF2). En total, el organismo encabezado por la ex diputada Laura Alonso propuso a los jueces escuchar a 57 testigos, doce de ellos ya escuchados por el juez Julián Ercolini o el fiscal Gerardo Pollicita durante la instrucción de la causa y otros 45 que no habían sido convocados al proceso.

Entre los nuevos testigos propuestos por la OA para declarar en el juicio oral, además de Carrió, Lanata y Zuvic, se destacan los ex diputados Margarita Stolbizer y Fernando Sánchez -ladero de la líder de la Coalición Cívica y actual secretario de Fortalecimiento Institucional del gobierno de Cambiemos-, el periodista Nicolás Wiñazki y el "arrepentido valijero" Leonardo Fariña, entre otros.

Los testigos que finalmente serán escuchados en el juicio, junto con los propuestos por las otras partes, serán determinados en los próximos días por el TOCF2, que al resolver ello fijará la fecha de inicio de la audiencia. Carrió fue la denunciante original de esta causa, reimpulsada en 2016 por el aporte de las autoridades designadas en Vialidad Nacional por el presidente Mauricio Macri.

Para la OA, Cristina Fernández es coautora del delito de administración infiel agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública, reiterada en 49 oportunidades, dado que participó en esa misma cantidad de contratos irregulares de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz. En total, las adjudicaciones cuestionadas fueron 51, por un monto global cercano a los 46 mil millones de pesos, según señaló el organismo que actuará como querellante en el juicio.

Entre otras pruebas, la OA pidió que se incorporen al juicio informes aportados por Vialidad Nacional y otras entidades estatales y privadas, documentación existente en otras causas y del Grupo Báez y reportes oficiales de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

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