En el reinicio del denominado juicio “CNU 2”, que juzga el accionar de la asociación ilícita enmascarada en la agrupación de ultraderecha y que tiene como encausados en esta segunda parte a los abogados Oscar Héctor Corres y Eduardo Salvador Ullúa, el Ministerio Público Fiscal fundamentó las acusaciones con énfasis en la “violencia y el contexto” en que se cometieron los hechos investigados.

El debate, que lleva adelante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata -integrado por los jueces Daniel Obligado, Nicolás Toselli y Enrique Méndez Signori-, entró en etapa de alegatos. El fiscal general Pablo Ouviña expuso durante nueve horas los argumentos por los que sostiene la culpabilidad de ambos acusados y la organización a la que pertenecía.

Tanto Corres como Ullúa están acusados de integrar una asociación ilícita, que tuvo en el accionar de la banda enmascarada en la CNU su brazo ejecutor local, junto a los otros siete miembros condenados en diciembre de 2016. En entiende que tenían clara voluntad de persecución hacia militantes de organizaciones políticas que mantenían diferencias con la agrupación de derecha a la que pertenecían.

Por su parte, Ullúa llegó a juicio procesado también por los homicidios de Enrique "Pacho" Elizagaray, sus primos y tío Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y el médico Bernardo Alberto Goldemberg, todos secuestrados y acribillados en la denominada “noche del 5 por 1”. También por los asesinatos de Daniel Gasparri y Jorge Stoppani y la privación ilegítima de la libertad y el homicidio de la entonces decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica, María del Carmen Maggi.

Contexto: “la violencia como guía para la acción”

Auviña habló de un contexto de “paulatina y creciente violencia generalizada” entre 1971 y 1976. “La violencia pasó a ser una especie de guía para la acción. Y fue también una forma de discurso: la forma de emitir mensajes”, expresó más adelante en su alegato.

Así como la escalada de violencia fue progresiva, también fue progresiva –dijo- la postura del gobierno: “pasó de ser árbitro de la contienda a tomar decididamente partido en favor de uno de los bandos, adoptando medios legales para intentar contener la violencia, pero también métodos ilegales para eliminar personas de manera sistemática”, señaló luego. Su exposición estuvo acompañada por decenas de diapositivas que exhibieron prueba que consta en la causa, y que acompañaron los detalles de sucesos históricos analizados por el fiscal.

“La orden de depuración emitida no quedó en una expresión de deseos. Se diseñó un plan para su implementación; y se ejecutó”, describió sobre acciones con un objetivo claro: “desplazar de esos espacios a los dirigentes identificados con ideas de izquierdaW.

Una asociación ilícita nacional

El accionar de la asociación ilícita –que actuó en distintas localidades bonaerenses e incluso provincias- tuvo una metodología: operativos generalmente nocturnos protagonizados por gran cantidad de individuos fuertemente armados, que se identificaban como miembros de alguna fuerza de seguridad; y la ejecución de las víctimas con una gran cantidad de disparos.

En mayoría los secuestrados y asesinados eran miembros de agrupaciones políticas de “izquierda”, que por dentro o por fuera del peronismo disputaban espacios de poder con los miembros de la asociación criminal. Para el fiscal, las acciones de la CNU en Mar del Plata se insertaron en un accionar de alcance nacional.

Para el fiscal, la asociación delictiva juzgada, que actuó detrás del sello de CNU aunque excedió a la agrupación, estuvo compuesta por integrantes de numerosas organizaciones estatales y paraestatales, apoyadas y/o sostenidas desde instituciones legales que sirvieron de fachada de su actividad criminal, así como sostén económico para ello.

La CNU fue un eslabón más de la ejecución del plan sistemático de eliminación de un enemigo común, caracterizado por su afinidad a la denominada ideología de izquierda y/o por su oposición a los intereses de esa asociación”, aseveró el representante del MPF.

El método de acción política de la CNU, incluso antes de que sus miembros integraran una asociación ilícita, fue la violencia: “Se trataba principalmente de intimidar y amenazar a sus adversarios políticos, o irrumpir en asambleas para obstaculizar su desarrollo”, describió Ouviña, quien allí enmarcó el asesinato de la estudiante Silvia Filler el 6 de diciembre de 1971, en medio de una asamblea en la Facultad de Arquitectura. Para el fiscal “no se trató de un hecho aislado”, sino que “constituyó uno más de los numerosos actos intimidatorios que miembros de CNU realizaban de modo habitual dentro y fuera de espacios universitarios”. En esa oportunidad, una de las personas detenidas fue Corres, entonces estudiante de Derecho, quien fue liberado luego de la amnistía de 1973.

En su alegato, el representante del MPF dio cuenta de la prueba reunida en el debate que demuestra que el vínculo que existió entre la CNU y la Confederación General del Trabajo (CGT) “no fue uno más de los que esa agrupación mantuvo con otros organismos de la llamada ortodoxia, sino que fue determinante en el devenir de su desarrollo e inserción en la asociación ilícita”. A ello sumó la actuación de Gustavo Demarchi en su carácter de fiscal federal, en beneficio de los sindicalistas vinculados a causas penales.

“De esa forma, la CNU en Mar del Plata contó con el aval político de la burocracia sindical peronista”, sostuvo Ouviña, quien precisó que de la prueba producida se desprende que existía una suerte de bolsa de trabajo” que resultaba “exclusiva” para quienes compartieran ideas anti-izquierdistas y se comprometieran con el “plan de depuración”.

Próximas audiencias

En las próximas audiencias está prevista la continuidad del alegato fiscal, quien ahondará sobre los crímenes cometidos en el marco de la asociación ilícita, detallará las calificaciones legales de la acusación –que serán más amplias que las insinuadas en la etapa de investigación-; se tratarán las responsabilidades penales de cada imputado; para, por último, merituar el reproche penal y solicitar las penas.

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