Según un dictamen de la Justicia, está probado un fraude millonario por más de 16 millones de pesos en el marco de la causa conocida como “choferes fantasma”. Cuatro empresas cobraban subsidios por "conductores" que en realidad eran desocupados.

El documento, que fue dado a conocer por la Fiscalía General Federal de Mar del Plata -a cargo de Daniel Adler-, pide que se profundice la investigación para determinar la eventual participación de funcionarios públicos.

En su dictamen, Adler desestimó la postura de los abogados de los empresarios: “El hecho escapa de la órbita de una mera infracción administrativa, como parece pretender la defensa, cayendo en la esfera del derecho penal”.

Además, agregó: “Todos los encartados tenían pleno conocimiento de lo que ocurría. Desarrollaron con conocimiento y voluntad ejecutante los elementos del delito que se les imputa, habiendo actuado con dolo directo. En menos de un mes hicieron pasar un incremento de personal del 30% e incrementaron sus ingresos por 16 millones de pesos en tres meses. Ninguno de los que haya estado a cargo de esas cuatro empresas pudo estar al margen de tamaña maniobra”.

El juez Santiago Inchausti, titular del Juzgado Federal N° 3, procesó a los empresarios Juan María Inza Decaux, Juan María Inza Irisarri y Federico José Pomero y a sus gerentes y apoderados Diego Basílico, Jorge Alberto Ferraresi y Carlos Málaga. Son los responsables de las empresas de transporte urbano “25 de Mayo SRL”, “Transportes Peralta Ramos SRL”, “12 de Octubre SRL” y “EL Libertador SRL”.

La Justicia investiga a los empresarios, acusados de inscribir 357 personas en la AFIP como choferes de colectivo, pero los supuestos trabajadores no estaban al tanto de la situación o realizaban tareas dentro de las compañías en "negro".

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