En las últimas semanas, el radicalismo presentó un proyecto tanto en Diputadoscomo en el Senadoy por eso podría volver a debatirse el año que viene en el Congreso la posibilidad de legalizar la eutanasiaen la Argentina, la práctica médica que consiste en la interrupción voluntaria de la vida a pedido de pacientes que sufran una enfermedad grave e incurable.

Quienes impulsaron la iniciativa en la Cámara de Senadores fueron los legisladores mendocinos de Juntos por el Cambio, Julio Cobos y Pamela Verasay. En la Cámara de Diputados, la propuesta es llevada por Alfredo Cornejo, Jimena Latorre y Alejandro Cacace.

En el proyecto plantean una regulación que principalmente respete “la autonomía y voluntad de poner fin a la vida de quien está en una situación de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable, padeciendo un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado en condiciones que considere aceptables”.

Actualmente en Argentina, la ley que regula la posibilidad de “muerte digna” o eutanasia pasiva es la Ley N° 26.529. Esta norma establece que el paciente puede tomar decisiones anticipadas y disponer directivas por escrito sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos y decisiones relativas a su salud. El proyecto presentado pretende ampliar la regulación también a la eutanasia activa.

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En el proyecto presentado por Cobos y Verasay en el Senado se distinguen dos modalidades de interrupción voluntaria de la vida del paciente: práctica eutanásica y muerte asistida.

Se establece que la práctica debe efectuarse con el máximo cuidado y profesionalidad por parte del personal de la salud, con aplicación de los protocolos que a ese efecto determine la reglamentación, los cuales contendrán los criterios respecto a la forma y tiempo de realización de la prestación”.

Además, se dispone que la decisión de solicitar la práctica de muerte asistida debe ser una decisión autónoma “fundamentada en el conocimiento del paciente sobre su proceso médico, después de haber sido informado adecuadamente por el equipo sanitario responsable”. En la historia clínica deberá quedar constancia que la información ha sido recibida y comprendida por el paciente. Asimismo, se aclara que la “única persona que puede practicar el procedimiento eutanásico o asistir a la muerte a un paciente, es un profesional de la medicina, que para los efectos de esta ley es el médico responsable”.

Al igual que como sucede con la legalización del aborto, el proyecto de eutanasia establece que los profesionales de la salud podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia, algo que deberán “manifestar anticipadamente y por escrito”. A su vez, los establecimientos sanitarios que no cuenten con profesionales para realizar la práctica a causa del ejercicio del derecho de objeción de conciencia, deberán prever y disponer la derivación a un efector que realice efectivamente la prestación y que sea de similares características al que la persona solicitante de la prestación consultó.

Por último, el proyecto señala que todos los efectores de salud, obras sociales, prepagas y afines “deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria de la vida”.

La iniciativa fue girada a las comisiones de Legislación General, Salud y de Justicia y Asuntos Penales, ya que incorpora dos artículos al Código: el que elimina la pena por ayuda al suicidio o eutanasia y reprime con prisión al médico o funcionario público que dilate injustificadamente una práctica.

La diputada Jimena Latorre, coautora del proyecto presentado en Diputados, señaló: “No hay un listado de cuáles son las enfermedades. El requisito es que sea un padecimiento grave e irreversible, incurable y que implique un sufrimiento de tal magnitud, dolor y gravedad tanto física como psíquica que sea incompatible con la dignidad humana”.

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