Tras un cierre de listas que dejó muy poco por resolver porque la mayoría de las fuerzas tiene candidatos consensuados para los principales cargos, desde el radicalismo impulsaron un proyecto de ley para que se suspendan las elecciones primarias de agosto próximo, que tienen un costo estimado en 4000 millones de pesos.

Apunta en particular a confirmar todas las candidaturas oficializadas para competir para Presidente y vicepresidente de la Nación y extiende el alcance al las listas de legisladores nacionales, en este caso limitado solo a los distritos en los que haya dos propuestas en pugna por un mismo espacio político.

La iniciativa de la diputada nacional Gabriela Burgos (UCR-Cambiemos) no hace mención a la definición de candidaturas a nivel municipal, las que quedarían firmes dado que es en ése ámbito donde se da mayor multiplicidad de propuestas y disputas internas en comunas de las distintas provincias.

“Es necesario no gastar los fondos públicos cuando no sea de utilidad y se obligue a la ciudadanía a emitir un sufragio que no decide nada electoralmente, evitando un enorme despliegue de fuerzas políticas y administrativas detrás de la organización de unas elecciones nacionales", fundamenta en la propuesta ingresada en la Legislatura.

Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) están previstas para el próximo 11 de agosto y definirán candidaturas nacionales, provinciales y municipales para cargos ejecutivos y legislativos con miras a las elecciones generales del próximo 27 de octubre. El costo de este operativo electoral ronda los 4000 millones de pesos.

Desde distintos sectores del abanico político se habían escuchado expresiones a tono con este proyecto dado que los partidos políticos que presentan candidaturas presidenciales tienen una única fórmula, y algo similar ocurre con las listas de postulantes a legisladores nacionales en la mayoría de las provincias.

Alfredo Cornejo, presidente de la Unión Cívica Radical, acompañó esta idea: “Muchos políticos y la ciudadanía en general, que ve malgastado el dinero de sus impuestos, y se ve obligado a asistir el próximo 11 de agosto a las urnas", dijo a Télam.

La ex diputada Margarita Stolbizer también se había expresado en esa sintonía al sostener que esta es "una oportunidad para un gran acuerdo que suspenda la obligatoriedad para esa categoría".

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