Dos policías acusados de brindar protección a una banda narcocriminal en la denominada "zona roja" marplatense recibieron condenas de ocho años y ocho años y medio de prisión por los delitos de comercio de estupefacients doblemente agravado.

En el fallo también se ordena dar intervención a la Fiscalía Federal para que se amplíe la investigación y se determine la responsabilidad que en aquellos ilícitos tuvieron los jefes de quienes ahora resultaron condenados.

La sentencia se conoció este viernes y puso fin al juicio que enfrentaron ante el Tribunal Oral Penal Federal, que integran los jueces Roberto Falcone, Héctor Sagretti y Omar Gutiérrez.

Carlos María Scaltritti y Jonathan Moisés Arce, ahora ex oficiales de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, llegaron a esta instancia a partir de pruebas contundentes logradas durante la investigación judicial que derivó primero en su detención y luego en esta condena.

En su fallo los magistrados reflejaron casi en su totalidad el planteo del fiscal general Juan Manuel Pettigiani, ya que descartaron ampliar la acusación que se realizó en instancia de juicio, cuando se presentó el ofrecimiento de frascos con flores de marihuana como un acto de comercio de drogas.

Por otro lado, la sentencia leída en la sala de audiencias ordenó enviar una copia del escrito rubricado por los jueces a la Fiscalía Federal, con la finalidad de avanzar en la investigación de los jefes policiales que actuaban al momento de los hechos, al menos desde principios de 2014 y hasta mayo de 2017, por posibles responsabilidades que surgieron en el debate.

La organización

En septiembre de 2019 ya había sido probada en un juicio abreviado -al que los policías se negaron- la operatoria de la organización narcocriminal que integraron Mara Ángela Cambareri, Carlos Ariel Kubics, Araceli -por su nombre autopercibido- Hurtado Baca, Eduardo Alfredo Pérez, Ricardo Michael Herrera Alfaro Moreno y William Alexander Vázquez. La banda utilizaba personas travestis/trans en situación de prostitución y vulnerabilidad, sin acceso al mercado laboral, para la venta de cocaína al menudeo.

La investigación reveló que los integrantes de la organización que operaban en la denominada “zona roja” necesariamente debían contar con el apoyo y la discrecionalidad de control por parte de las fuerzas de seguridad, lo que fue probado en el debate oral y público, de acuerdo a la sentencia, cuyos fundamentos serán dados a conocer el próximo 11 de septiembre.

Comentá y expresate