Aunque el máximo tribunal otorgó un plazo extraordinario para que se continúen las discusiones, no se registraron avances por parte de los equipos técnicos, y de hecho, las diferencias en los números aún son bastante considerables. Mientras el Gobierno Nacional pagó 30 mil millones de pesos durante el 2021, el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta reclama que debería haber recibido casi cuatro veces más: unos 112 mil millones de pesos.

La semana que viene los equipos de negociación de los dos sectores presentarán un informe en el que estarán especificadas las pretensiones y destacar los progresos alcanzados, pero lo cierto es que las fechas apremian y la Corte Suprema deberá ofrecer un dictamen.

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El pasado jueves hubo una reunión de la Comisión Federal de Impuestos (CFI), en la que participan las 24 provincias (23 provincias y CABA) y Nación. El organismo debía elevar un informe técnico sobre esta cuestión. En diciembre de 2020, cuando se aprobó la Ley que reestablecía el 1,4% de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires, el CFI se involucró para tener conocimiento sobre “el gasto anual que demande la transferencia realizada a la Ciudad y su mecanismo de actualización trimestral” que “serán acordados en forma bilateral por el Poder Ejecutivo y el Gobierno porteño en ese plazo de sesenta días”.

En su Resolución Plenario 249/2020, la CFI había señalado que cuando fue producido el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires, en 2016, “el costo estimado de la transferencia de funciones asciende a la suma de $ 11.486.456.429,13″.

En ese entonces hubo 21 distritos que dieron su aprobación al informe, incluyendo algunas gobernadas por fuerzas de la oposición: Córdoba y Jujuy. En contra del informe estuvieron Mendoza y, lógicamente, la Ciudad de Buenos Aires. En el medio, Corrientes no estuvo presente en la votación y el Gobierno Nacional decidió abstenerse, aunque la cifra estaba más acorde a su posición que a la del gobierno de Rodríguez Larreta.

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El Gobierno Nacional afirma que, considerando los valores del 2016, el monto debería estar cerca de los 8.000 millones de pesos anuales. Por su parte, desde CABA afirman que esa cifra llega a los 18.000 millones de pesos.

El nuevo informe de la CFI llegará al Congreso y deberá ser analizado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.

Las reuniones hasta ahora

Hasta el momento, desde que la Corte Suprema obligó a las partes a llegar a un acuerdo, se realizaron unas seis reuniones, aunque específicamente el debate sobre los fondos estuvo presente en las últimas tres.

De hecho, las partes habían llegado a un acuerdo sobre otros puntos, como el mecanismo de traspaso y actualización. Entonces, la actualización se tratará de un 80% por el indicador salarial y un 20% ajustado por inflación. Sin embargo, ésto será por fuera del sistema de coparticipación. Pero la lógica del acuerdo es que sea integral y que lleguen a una resolución sobre los fondos traspasados antes de que la Corte dictamine.

Quita de coparticipación a CABA

El conflicto inició en plena pandemia, en septiembre del 2020, cuando el presidente Alberto Fernández emitió un decreto en el que recortaba a la ciudad su porcentaje de la coparticipación, que había subido del 1,4% al 3,75% durante la presidencia de Mauricio Macri.

Lo que resolvió Fernández es que la Ciudad de Buenos Aires debía volver a recibir el porcentaje previo al cambio de 2015 con el fin de utilizar esos fondos para destrabar otro conflicto con un reclamo de la Policía Bonaerense. El proyecto de Ley enviado al congreso para lograr su cometido fue aprobado en diciembre del 2020, lo que provocó la respuesta del Gobierno porteño: un recurso de amparo ante la Corte Suprema.

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Lo que genera los resquemores, no sólo entre la Ciudad y Nación, sino también con otros distritos es el número: según el porcentaje de coparticipación que Macri había otorgado, la administración porteña debería percibir un presupuesto de 160.000 millones de pesos para financiar a los 20.000 efectivos que pasaron de la Policía Federal a la Policía de la Ciudad.

Pero lo que sucede es que ése es precisamente el presupuesto total que el Estado destina para cubrir toda la Gendarmería Nacional y a 30.000 agentes que quedan de la Policía Federal, repartiendo 87.000 millones de pesos y 73.000 millones de pesos respectivamente.

Éste es el principal punto que une al Gobierno Nacional con muchos gobernadores, que ofrecen su respaldo en esta cuestión.

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