Mientras la coyuntura política argentina atraviesa un momento de falta de definiciones, incertidumbre e internas, las clásicas disputas entre oficialismo y oposición continúan generando resquemores. Por un lado la prerrogativa es la capacidad productiva y, por el otro, el federalismo: la disputa entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional por los fondos de coparticipación la resolverá la Corte Suprema de Justicia.

El jefe de gabinete del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, informó a través de su cuenta de Twitter que "a pesar de los esfuerzos no hubo acuerdo con el Gobierno Nacional por la coparticipación". "CABA no puede renunciar a los recursos necesarios para la seguridad", agregó.

Con este escenario, 17 gobernadores de todo el país formalizaron la presentación de un documento en el que manifiestan su preocupación por la "injerencia indebida" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el conflicto.

Este 11 de mayo venció el período de prórroga que el máximo tribunal les dio a Nación y CABA para negociar entre ellos. En el caso de no llegar a un acuerdo, la Suprema Corte sería la encargada de saldar la discusión con una sentencia. Pero ésa es una solución que aún deja intranquilos a muchos. El presidente Alberto Fernández enarboló la bandera del federalismo durante lo que va de su gestión, y así lo quieren hacer valer los mandatarios provinciales.

En este caso, los gobernadores piden al tribunal ser amicus curiae en el caso (escritos realizados por terceros ajenos a un caso, que de manera voluntaria ofrecen su opinión sobre algún aspecto relacionado con el caso, esto para colaborar con el Tribunal en la resolución de la sentencia o en la resolución de opinión consultiva).

El documento en cuestión está firmado por Axel Kicillof (Buenos Aires); Raúl Jalil (Catamarca); Jorge Capitanich (Chaco); Mariano Arcioni (Chubut); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Gildo Insfrán, (Formosa); Sergio Ziliotto (La Pampa); Ricardo Quintela (La Rioja); Oscar Herrera Ahuad, (Misiones); Gustavo Sáenz (Salta); Sergio Uñac (San Juan); Alberto Rodríguez Saá, (San Luis); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Omar Perotti (Santa Fe); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

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“Queremos que de un modo inmediato la CSJ nos acepte como amicus curiae y estamos dispuestos a presentar acciones judiciales complementarias destinadas a corregir las distorsiones observadas en diversos decretos que afectan la disponibilidad de nuestros recursos -afirma el documento-. Que sepan muy bien los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que el federalismo no se negocia y deben hacerse responsables de las consecuencias de sus actos".

Así también lo hizo saber el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, en su cuenta de Twitter.

https://twitter.com/jmcapitanich/status/1524193329826734080

“Las provincias argentinas observamos con suma preocupación el inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento del plazo establecido para la conciliación entre las partes -expresa el documento de los gobernadores-. No existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios”, dice el comunicado.

En el documento los gobernadores denuncian que en sus provincias el combustible se paga mas caro, tienen que sostener económicamente a sus fuerzas de seguridad y que cuentan con la menor cantidad de subsidios en lo que respecta a la energía y el transporte.

Contra el aumento decretado en la gestión de Macri

Los diecisiete jefes de gobierno afirman que la ciudad no debe ser consideraba como una provincia y que CABA está reclamando recursos que no le corresponden.

El documento explica que cuando se sancionó la ley 23.548 de coparticipación federal de impuestos, ya existía la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en donde se deja ver que ésta “era financiada completamente con recursos que le pertenecían al estado nacional”.

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“Después de la reforma constitucional de 1994, y en virtud del decreto 705/2003 se aplica un coeficiente equivalente al 1,4 % del monto total recaudado en el artículo 2° de la ley 23548 y modificatorias”, afirma el texto.

Pero el decreto que elevó los puntos de coparticipación de la Ciudad a un 3,75% fue firmado en el año 2016 y establecía lo siguiente:

"ESTABLECESE QUE LA PARTICIPACION QUE LE CORRESPONDE A LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES POR APLICACION DEL ARTICULO 8° DE LA LEY N° 23.548 Y SUS MODIFICACIONES, SE FIJA EN UN COEFICIENTE EQUIVALENTE AL TRES COMA SETENTA Y CINCO POR CIENTO (3,75%) SOBRE EL MONTO TOTAL RECAUDADO POR LOS GRAVAMENES ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 2° DE LA CITADA LEY, A PARTIR DEL 1° DE ENERO DE 2016".

Los mandatarios provinciales aseguran que el porcentaje "se modificó de una manera injusta e injustificada". El argumento explicitado para el aumento del 2016 era el traspaso de 20.000 efectivos de la Policía Federal a la jurisdicción porteña.

La semana pasada, las veinte provincias habían aprobado el informe técnico de la Comisión Nacional de Impuestos (CFI) por los fondos sobre el traspaso de la Policía a la Ciudad de Buenos Aires en 2016, en donde se estableció que el monto era de 11.000 millones de pesos. Esto contradice al gobierno porteño que había fijado esa maniobra en más de 18.000 millones de pesos.

“Nuestras provincias han perdido aproximadamente 500.000 millones de pesos y padecemos la concentración del 28% del gasto público territorial del presupuesto nacional en la CABA”, añade el comunicado presentado por los gobernadores.

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La disputa entre Nación y Ciudad

El 9 de septiembre de 2020, todavía en plena pandemia y a través del decreto 735/2020, el presidente Alberto Fernández dispuso que el porcentaje de coparticipación que le corresponde a CABA se retrotrajera nuevamente al 1,4%.

Más tarde, hacia el final de ese año, el Congreso nacional aprobó una ley que obligaba a que se produzca una negociación entre las partes para definir el monto a transferir, al tiempo que indicaba que el dinero no correspondería a fondos coparticipables.

La Ciudad recurrió entonces a la Justicia para denunciar la situación y el máximo tribunal dio, en marzo pasado, 30 días hábiles para llegar a un acuerdo, plazo que finalmente venció el 26 de abril.

Al día siguiente de ese vencimiento, la Corte aceptó el pedido realizado por las partes y otorgó una prórroga de 15 días para dar continuidad a las negociaciones que sostienen ambas jurisdicciones, plazo que vence en el día de hoy.

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