Por segundo lunes consecutivo la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner asistió a tribunales para seguir la lectura de la acusación que afronta como jefa de una asociación ilícita que cometió delitos en la administración y ejecución de obra pública, caso por el que también están enjuiciados otros doce funcionarios de su gestión y empresarios.

Su llegada fue celebrada con aplausos por mayoría de los que esperaban en la sala para presenciar otra jornada de este juicio, en su mayoría ex colaboradores y seguidores de la ahora pre candidata a vicepresidente para las próximas elecciones.

La lectura de la acusación se extendió desde las 10 hasta las 14 y no se pudo completar, por lo que el trámite continuará dentro de una semana en los mismos tribunales de Comodoro Py, lo que implicará que todos los imputados vuelvan a estar presentes ante los jueces.

Al igual que en la apertura de este proceso, Cristina Fernández se ubicó en la última fila reservad a los acusados, detrás de quienes fueron sus ministros y secretarios, con los que volvió a mantener máxima distancia al punto de ni siquiera cruzar miradas.

Desde ese lugar siguió el desarrollo de la audiencia acompañada de su abogado Carlos Beraldi, con el que realizó permanentes comentarios que alternó con miradas permanentes a la pantalla de su teléfono celular y lectura de una revista.

En las fojas que se leyeron esta mañana se dieron precisiones de los supuestos vínculos de la ex jefa de Estado y sus funcionarios con empresarios adjudicatarios de más de medio centenar de obras públicas, en todo los casos con irregularidades y sospechas sobre el destino de los fondos aportados por el Estado.

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques sostienen que hubo un plan aceitado para favorecer en particular a Lázaro Báez, un empresario patagónico amigo de Néstor Kirchner que desde 2003 y hasta 2015 fue beneficiado con buena cantidad de las obras que se realizaron en la provincia de Santa Cruz. “Constituyó una sociedad con 12000 pesos y pasó a activos mayores a 1700 millones”, acusan desde el Ministerio Público a quien antes de la gestión kirchnerista era empleado de un banco.

Sostienen los fiscales que antes Kirchner y luego su esposa gestaron y aplicaron un plan que favoreció a Báez y para lo cual ubicaron en cargos claves del gobierno nacional a funcionarios de Santa Cruz “para asegurarse que se llevara a cabo”

Junto a Cristina Fernández afrontan este mismo juicio el ex ministro de Infraestructura Julio De Vido, el citado Báez, Carlos Kirchner (primo de Néstor) y el ex secretario de Obras Públicas José López, recordado por su detención luego de arrojar por sobre los muros de un convento algunos bolsos en los que había nueve millones de dólares.

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