Ya pasó un año. La desaparición del Submarino ARA San Juan, luego de su partida desde Ushuaia hacia la Base Naval de Mar del Plata –donde tenía su puesto de asentamiento- constituyó un hecho convocante para la prensa internacional y a la vez un golpe demoledor para la ciudad, como ocurre con cada tragedia marítima desde tiempos inmemoriales. Pero también para el país: la sociedad toda se conmovió entonces.

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La última comunicación entre los 44 uniformados –entre ellos una mujer- que viajaban en el buque de la Armada Argentina y el personal de tierra de la fuerza se produjo el 15 de noviembre de 2017 a las 7.19 de la mañana. Había partido el 25 de octubre hacia el sur del país con el objetivo de realizar ejercicios militares en las aguas del Canal de Beagle y frente a Tierra del Fuego.

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Al emprender el regreso, que estaba previsto para el 20 de noviembre, el submarino perdió el contacto cuando se hallaba 432 kilómetros mar adentro, a la altura del Golfo San Jorge. De inmediato, comenzó una búsqueda y la noticia causó revuelo mundial. En ese contexto, Argentina comenzó a recibir asistencia de otros países.

Al otro día, el 18, desde el Ministerio de Defensa informaron que existía una registro de siete llamadas satelitales supuestamente realizadas desde el buque y que no llegaron a enlazar con las bases de la Armada.

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Entre los recursos dispuestos para el operativo, arribó un avión de la NASA, otros diez de Rusia, Brasil, Colombia, Perú, Chile y el Reino Unido, además de 13 barcos. En esos momentos comenzó a hablarse de un desperfecto: los submarinistas habían reportado un cortocircuito en las baterías. Lo sabían sus superiores en tierra y también sus familiares directos. Por ese motivo habían emprendido un camino de vuelta más directo al programado inicialmente.

Sin rastros del buque, los parientes de los 44 tripulantes comenzaron a desesperarse. En ese contexto, el 20 de noviembre recibieron la visita del presidente Mauricio Macri. En tanto, el vocero de la Armada, Enrique Balbi, confirmó que se había detectado un ruido posterior a la última comunicación del ARA San Juan.

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Anomalía hidroactústica

“Una anomalía hidroacústica”, fue el término que utilizó luego, el 22 de noviembre, para explicar lo sucedido. Así lo había confirmado un informe realizado en Estados Unidos. La esperanza de hallar a los submarinistas vivos comenzaba a disiparse.

La Organización del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, con sede en Austria, había confirmado la existencia de una explosión en la zona donde navegaba el buque. Finalmente, el 27 de noviembre se conocería que el último mensaje enviado desde el ARA San Juan se explicaba el desperfecto a través del “ingreso de agua de mar” al submarino, lo que había ocasionado un “cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barras de baterías”.

De todas formas, Balbi aclaró entonces que el desperfecto había sido subsanado con la aislación de la batería dañada y la propulsión a través de otro circuito, Más precisamente, con el circuito de popa.

El final del operativo rescate de las personas se decretó el 30 de noviembre. Si bien nunca se habló de dar por muertos a los submarinistas, fue sólo una cuestión de decoro verbal: ya no existía probabilidad alguna de supervivencia.

El 10 de diciembre la Oficina de Inteligencia Naval de Estados Unidos analizó la señal acústica detectada y señaló que el submarino había colapsado en menos de un segundo. “Liberó una energía similar a una explosión de 5.700 kilos de TNT, a 380 metros de profundidad”, sentenciaron. La Armada Argentina calificó el estudio como “una opinión personal de un analista en base a información de otra agencia”.

En paralelo, ya se había iniciado una causa en la Justicia Federal de Caleta Olivia. En las semanas siguientes hubo suspensiones al comantante de Adiestramiento y Alistamiento Naval, Luis López Mazzeo, con base en Puerto Belgrano, y al capitán de navío Claudio Villamide. Además, otros cuatro comandantes pidieron el pase a retiro, entre ellos el contralmirante Gabriel González, jefe de la Base Naval de Mar del Plata.

En suma, la Oficina Anticorrupción dio a conocer que, por motivos de ahorro, la Armada Argentina había decidido no adquirir nuevas baterías para el ARA San Juan al momento de la reparación de “media vida” de la nave sino renovar las celdas de las mismas, de acuerdo con los datos que había suministrado la empresa alemana Ferrostaal que tuvo a su cargo las tareas.

A fines de diciembre, la ayuda internacional comenzó a retirarse y sólo participaban de la búsqueda cinco buques: dos argentinos, dos rusos y uno estadounidense. Sin embargo, empezaba a hablarse de contratación de empresas privadas para el operativo.

A su vez, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación se votó un proyecto que implicaba la conformación de una comisión investigadora para determinar qué había ocurrido con el submarino.

En enero, fue allanada la Base Naval de Mar del Plata a cargo de la Policía Federal, y dos tripulantes del ARA San Juan que descendieron del buque en Ushuaia declararon ante la Justicia. Poco después, ya en febrero, el último buque extranjero se retiró de la búsqueda.

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Recompensa y licitación

El presidente Macri volvió a reunirse con familiares de los submarinistas y anunció la recompensa de 98 millones de pesos para quien pudiera consumar el hallazgo. Mientras tanto, comenzaron a aparecer informes periodísticos sobre posibles ataques que hubiera sufrido el ARA San Juan de parte de fuerzas británicas, por navegar cerca de las Islas Malvinas y efectuar tareas de espionaje.

Sin embargo, la versión fue negada categóricamente por el ministro de Defensa, Oscar Aguad, quien señalaría que no existe “ningún indicio” para considerar esa versión.

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En las semanas siguientes, los familiares de los submarinistas iniciaron una campaña de recaudación de fondos para contratar empresas privadas con tecnología de punta para realizar la búsqueda, y además se manifestaron en varias oportunidades llegando a encadenarse en la Casa Rosada para reclamar que no finalizara el operativo.

El 16 de abril, el ministro Aguad anunció en el Congreso que se lanzaría una licitación de “contratación directa por urgencia” para contar con “un servicio de búsqueda submarina a fin de localizar e identificar al Submarino ARA San Juan”.

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En ese marco, y tal vez en el momento de mayor tensión entre el Gobierno y los familiares de los 44 tripulantes desaparecidos, algunos de ellos denunciaron en los medios que sus teléfonos celulares presentaban irregularidades, dando a entender que estaban intervenidos. En ese sentido, el ministro Aguad pidió a la Justicia que se investigaran esos hechos, que obviamente negó.

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El venezolano Hugo Marino, propietario de una empresa privada, irrumpió en escena y dijo que como especialista estaba seguro de que “el ARA San Juan es hallable”. “Pasaron 100 veces por arriba”, sostuvo, y adelantó que se presentaría en la licitación para adjudicarse la búsqueda con su firma. Sin embargo, la suya no fue la elegida finalmente.

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En agosto se conoció que la estadounidense “Ocean Infinity” sería la compañía a cargo del operativo, a cambio de 7.600.000 dólares en caso de encontrar el buque, en un plazo de 60 días. Sin embargo, ese operativo se extendió con una prórroga, debido a que no existieron resultados y al día de hoy continúa de la misma forma aunque existe preocupación de los familiares por temor a que se detenga. El Gobierno, de todos modos, anunció que habrá una pausa y seguirá en febrero.

Por su parte, hace pocos días la comisión de expertos del Ministerio de Defensa consideró como “la hipótesis más probable” de la causa del naufragio del submarino fue un error de operación de la válvula de ventilación llamada E19 que provocó un cortocircuito en las baterías y la generación de hidrógeno que inutilizó a la tripulación y más tarde produjo una implosión.

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A un año de la desaparición del ARA San Juan, y de la llegada de periodistas de todas partes del mundo a Mar del Plata para cubrir la noticia, el dolor y el misterio del paradero del buque sigue siendo el mismo. Y las almas de los 44 tripulantes aguardan descansar en paz.

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