En el año 2009, la Corte Suprema de Nación resolvió el caso Arriola y declaró inconstitucional el artículo 14.2 de la ley 23737, en cuanto pena la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Sin ahondar en los argumentos de dicho fallo -no es el tema que me convoca- podemos decir que el caso, si bien se trataba de varias personas imputadas por comercio de drogas, trató además la situación de una que tenía en su bolsillo tres cigarrillos de marihuana.

Ya algunos años antes, y encontrándose desfederalizada la investigación sobre delitos de narcomenudeo, la Procuración de la Provincia de Buenos Aires instrumentó una guía en la que sentó principios interpretativos para determinar cuándo la tenencia de estupefacientes es para consumo personal; así, por ejemplo, se establece que 50 gramos de marihuana o 5 de cocaína son considerados para tenencia para consumo y, por ende, no habría delito, a la luz del fallo Arriola.

Es necesario mencionar que los fallos, sea de quien sea, se aplican únicamente a las partes del juicio; pero cuando se trata de la Corte Suprema, lo que diga debe ser utilizado para interpretar o juzgar casos similares por el resto de los tribunales. En Arriola la Corte ordenó no criminalizar personan que utilizan estupefacientes.

Diez años después, la cosa parece haber empeorado. Se ha generado un incremento absolutamente desmedido de causas que se inician por tenencia para consumo. Para ser concretos: en el último año se registraron 4771 causas por este “delito”. Y si bien desde la Fiscalía cada causa iniciada es desestimada por, valga la paradoja, inexistencia delito, esto irroga un desgaste de recursos humanos, temporales y técnicos absolutamente absurdo. Implica que un trabajador judicial destine 198 días del calendario a estas causas, con la consecuencia (i)lógica que le impide abocarse a las que realmente importan: la investigación sobre aquellos que comercializan estupefacientes. Los últimos trabajos que sea han realizado arrojan que el estado nacional (fuero federal), en el 2018 gastó cerca 680 millones de pesos en causas vinculadas a la tenencia para consumo, poco mas de $70,000 por cada una de las iniciadas (http://resetdrogas.com.ar/index.php/2019/09/22/mas-de-40-millones-de-dolares-al-ano-gasta-el-estado-en-criminalizar-a-personas-usuarias-de-drogas)

Pero además, la criminalización de personas que utilizan estupefacientes tiene otros “daños colaterales”: traslado de personas no imputadas a la comisarías; móviles policiales que dejan de cuidar a los vecinos; policías haciendo tareas administrativas, etc.

Por eso, entiendo que, mas allá de los fundamentos del fallo Arriola, existen una gran cantidad de argumentos (de política criminal, de salud, de aprovechamiento de recurso, incluso tributarios) que imponen necesariamente la despenalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal sin afectación a terceros. ¿Esto implica entonces que el Estado se mantenga ajeno al tema? De ninguna manera. Creo, y así lo recogen varios proyectos, que su tenencia y por supuesto su uso, debe ser regulada por el Estado, de modo que se abarquen todas las instancias, desde la producción, la salud de las personas que consumen hasta la protección de derechos de terceras personas, pero por supuesto por fuera del sistema penal (al respecto ver http://regulacionlegal.org/)

Policía Judicial

Otra de la cuestiones que deben ponerse en práctica cuanto antes es la Policía Judicial. Ésta una una institución civil técnico- científica, organizada jerárquicamente, que tiene por objeto asistir y trabajar con los agentes fiscales en la investigación, búsqueda, recolección, preservación y análisis de elementos de convicción y prueba en los procesos penales (artículo 2 ley 15005). A pesar de su entrada en vigencia desde en el años 2018 (ya existía una ley desde unos años antes) la misma no se ha puesto en marcha por cuestiones presupuestarias. Esta policía es de suma importancia pues nos da herramientas propias para investigar de modo independiente, sobre todo en temas tan sensible como el narcotráfico. Creo también que es indispensable la creación de unidades de análisis transversal de datos, particularmente destinada a analizar toda aquella información que pudiera surgir de determinados hechos (homicidios, abusos de armas, amenazas, etc) que muchas veces están relacionada con el comercio de estupefacientes y su análisis sirve para iniciar y profundizar este tipo de investigaciones, sobre todo cuando se trata de conflictos barriales.

Tecnología y comunicaciones

Otra de los temas que requiere una adecuación a los tiempos que corren es, a mi juicio, la incorporación de nueva tecnología como herramienta de investigación. En la actualidad, los sistemas de capacitación comunicaciones han quedado vetustos. La gran mayoría de la comunicaciones que cualquier persona investigada realiza son de difícil interceptación, sobre todo si se trata de las plataformas cuyos mensajes viajan encriptados. En muchos lugares del mundo se utilizan softwares que permiten acceder a esa información. Estos programas, a grandes rasgos, son spyware que se infiltran en los teléfonos y recogen la información que estos contienen. Si bien la experiencia, por ejemplo en México, no ha sido buena por su uso para el espionaje ilegal, lo cierto es que con algunas limitaciones a estas herramientas -por ejemplo la exclusión de la vigilancia acústica no ostensible, es decir la que sucede en la intimidad-, más un permanente control por parte del juez y administrados por el Ministerio Público, no debería existir margen para su utilización abusiva o ilegal. En el año 2018 existió un proyecto en la Cámara de Senadores, que, entre otras reformas, autorizaba la utilización de estos sistemas. Sin embargo, el alto margen de discrecionalidad que la propia ley daba para su utilización cosechó enormes críticas. Finalmente el proyecto no se aprobó.

Finalmente, debemos decir que la ley 27502 creó una mesa de intercambio de información para que jueces y fiscales, tanto provincial como federales, intercambien criterios de política criminal y compartan información relacionada con causas e investigaciones en trámite.

Esto es un gran e importante avance, principalmente, por la necesidad de intercambio de información. Cada unos de los fueros tiene una mirada distinta sobre la problemática, y trabaja con casos distintos e incluso, las fuentes de información por las cuales se toma conocimiento de delitos y autores, también son diferentes. Durante décadas los fueros federales y provinciales fueron compartimentos estancos. Desde hace un tiempo a esta parte se abordan los delitos complejos de una manera distinta, con intercambio de información y en forma conjunta, para que no queden impunes ninguno a los tramos del narcotráfico ni sus actividades colaterales.

Situación similar debería darse dentro de las fuerzas policiales. En los EE.UU., más allá de existir una competencia mixta entre federales y estaduales, existe las Task Force que son grupos especiales compuestos por las distintas fuerzas en la necesidad de trabajar casos particulares y de forma conjunta. Por supuesto que sobre esto último somos realistas y sabemos de las dificultades de llevar adelante este tipo de trabajo, pero también sabemos que las investigaciones sobre tráfico y micro trafico de drogas son cada vez complejas y necesitamos del esfuerzo de todos y todas para mitigar este flagelo.

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