El gobierno de Mauricio Macri se presentará el lunes ante los juzgados de primera instancia del fuero laboral para pedir el embargo de las cuentas del sindicato de Camioneros, que dirige Hugo Moyano, por la falta de pago de la multa que el Ministerio de Trabajo le había impuesto, de 810 millones de pesos, por incumplir una conciliación obligatoria.

El conflicto entre el Gobierno y Moyano podría tensarse aún más.. Sucede que la semana última Camioneros apeló la multa ante el mismo fuero y no la pagó, pese a que el plazo vencía el jueves.

Luego de conocida la multa, Moyano denunció la semana última a la Casa Rosada y dijo que había comenzado una persecución política en su contra para meterlo preso por las causas judiciales de lavado de dinero y corrupción contra el sindicato de Camioneros. También dijo que era un "gobierno de facto", no pagó la multa, y en cambio apeló la medida administrativa ante la Justicia laboral por considerarla excesiva.

Pero la ley fija que los sindicatos deben antes hacer el depósito y luego formular la apelación judicial. Es por ello que en el Ministerio de Trabajo resolvió en las últimas horas, entre reuniones de Triaca con sus funcionarios de máxima confianza, formular el lunes un pedido de embargo ante la misma Cámara Laboral para cobrar el valor de la multa. De todos modos, la presentación se haría ante los juzgados de primera instancia.

La multa de 810 millones de pesos surge del procedimiento sancionatorio iniciado por el incumplimiento de la conciliación obligatoria dictada el 26 de diciembre de 2017.

El monto de la sanción se fija a partir de la ley 25.212, que establece el 50% del salario mínimo vital y móvil al momento del incumplimiento ($8860) multiplicado por la cantidad de afiliados. Como la mitad de ese sueldo era $4430 y la cantidad de afiliados era de 182.797, el monto en cuestión es de 809.790.000 pesos.

Si bien Moyano apeló la multa ante la Justicia laboral, el ministerio igualmente puede iniciar la acción de embargo, porque las apelaciones no suspenden la acción de pagar. Así lo establece la normativa vigente que rige las relaciones entre el Gobierno y las organizaciones sindicales.

La multa fue por haber violado una conciliación obligatoria con una huelga en diciembre pasado.

Sin embargo existe un segundo procedimiento en marcha por haber incumplido otra conciliación obligatoria, el mes pasado.

Fuente: La Nación.

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