Desde la CGT aseguran que el Gobierno fijará por decreto el pago de un bono de $ 5.000 para los trabajadores del sector privado.

La medida del Gobierno apunta a atenuar el impacto de la disparada del dólar y su traslado a las precios tras las elecciones primarias del 11 de agosto. El bono será no remunerativo.

El ministro de Producción y Trabajo Dante Sica les pidió a los dirigentes cegetistas en la "una semana de plazo" para estudiar la metodología de la bonificación. Por estas horas en el Gobierno evalúan el impacto que la medida tendrá en las Pymes.

"Empezamos a conversar la posibilidad de establecer algún tipo de compensación para los privados como se hizo en la parte estatal", aseguró el ministro de Producción, Dante Sica, en diálogo con radio La Red, y agregó: "Quedamos en mirar el índice de inflación del jueves, volver a sentarnos para evaluar la mejor metodología, pero tomamos como referencia el bono que se le dio a los estatales, de 5 mil pesos; trabajamos sobre eso".

Según explicó Sica, "el salto inflacionario que estamos sufriendo producto de la devaluación después de las PASO, está generando bastante inquietud por la perdida de salario real". Sin embargo, agregó que "hay que evaluar muy bien el impacto de este tipo de bono en las pequeñas empresas, porque no solo tenés un impacto inflacionario sino en muchas se secó mucha la plaza en términos de financiamiento de corto y puede generar un perjuicio".

"Podría ser en un solo pago en septiembre o dividido en dos en septiembre y octubre", informó a Clarín un importante dirigente de la CGT. Un dato: los jubilados no estarían contemplados en el bono.

A fines de agosto pasado, y a través del Boletín Oficial, el Gobierno oficializó un bono de $ 5.000 para los trabajadores de la administración pública.

Durante una reunión con los ministros de Desarrollo Social, Carolina Stanley y de Producción y Trabajo, Dante Sica, la CGT reclamó al Gobierno nacional "la inmediata reapertura de las paritarias, el pago de un bono universal de 5.000 pesos antes de fin de septiembre, el refuerzo de partidas presupuestarias para comedores escolares y la inmediata declaración por ley de la emergencia alimentaria",

"Se impone que el gobierno tome urgente nota de la dramática situación social y, entre otras cosas, amplíe las partidas de los comedores escolares y extienda su funcionamiento los sábados y domingos, y que pague un bono de 5.000 pesos a todos los trabajadores, es decir, que ese instrumento sea universal", señalaron voceros gremiales.

La central sindical reclamó a Stanley y Sica, a través de sus más importantes dirigentes, la reapertura de las negociaciones convencionales por "los fuertes aumentos producidos en los precios de los productos de la canasta alimentaria luego de las elecciones primarias" del 11 de agosto y "el elevado índice de inflación", cuyo dato de ese mes se conocerá esta semana, indicó Gerardo Martínez.

El dirigente, secretario de Relaciones Internacionales de la central obrera y jefe de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), había adelantado esas demandas a la prensa de forma previa al inicio del encuentro en la cartera de Desarrollo Social.

"Si patrones y obreros acuerdan un aumento, Producción y Trabajo debe homologarlo", había señalado Martínez, en tanto otros voceros de la central confirmaron que la cúpula de la CGT también demandó "el pago de un bono universal en septiembre" por valor de 5.000 pesos.

Stanley y Sica encabezaron en las dependencias oficiales del histórico edificio de avenidas 9 de Julio y Belgrano un encuentro con la CGT para analizar la demanda gremial de "emergencia alimentaria", y coincidieron en señalar al término de la reunión de casi una hora y media que "el diálogo fue positivo" y "se convino la inmediata conformación de una mesa de trabajo".

Sin embargo, la titular de Desarrollo Social aclaró que la emergencia alimentaria, pedida por la CGT, los movimientos sociales y la Iglesia, entre otros sectores, "es una iniciativa cuya aprobación es resorte exclusivo del Parlamento Nacional".

La semana anterior la CGT envió una carta al presidente Mauricio Macri, firmada por los cosecretarios generales Héctor Daer y Carlos Acuña, en la que reclamaron "la inmediata declaración de la emergencia alimentaria ante la grave realidad social por la que atraviesan los ciudadanos en general, sumergidos en la pobreza e indigencia".

"Es obligación primaria, indelegable y constitutiva del Estado garantizar la alimentación y nutrición adecuadas de la población. La crisis económica que estalló en las últimas semanas no hizo más que agudizar la grave situación social", dijeron Daer y Acuña.

En la reunión estuvieron -además de Daer (Sanidad), Acuña (estaciones de servicio) y Martínez (UOCRA)-, los dirigentes Antonio Caló (UOM), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Andrés Rodríguez (UPCN) y Armando Cavalieri (Comercio).

La ministra Stanley no recibió en los últimos días a las organizaciones sociales que protestaron y cortaron la avenida 9 de Julio porque, según voceros, considera que esa medida es un acto de "extorsión" para presionar el encuentro.

Luego de la derrota electoral en las PASO de agosto, el Gobierno decidió varias medidas a fin de morigerar el impacto de la crisis provocada por la devaluación, como la suspensión del IVA a los alimentos que integran la canasta básica, un plus salarial de 5.000 pesos para empleados públicos y la devolución del Impuesto a las Ganancias a varios sectores.

Esas determinaciones, sin embargo, fueron consideradas "insuficientes" por las centrales obreras -la CGT y ambas CTA-, por las organizaciones sociales y por los piqueteros.

La mesa chica ampliada de la CGT analizó luego el encuentro con Stanley y Sica en la sede de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), donde fue informada respecto de los resultados de la reunión en Desarrollo Social.

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