La recaudación impositiva es una de las posibilidades que tiene el Gobierno para cumplir con las metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI); y la creación del Impuesto a la Renta Inesperada, defendido por el oficialismo y muy fuertemente criticado por la oposición y el sector privado, es el primer caballo de batalla.

Desde el Gobierno estiman que se podrían recaudar unos 1.000 millones de dólares durante el 2023 mediante el cobro de este tributo, que aún está pendiente de aprobación en el Congreso. Las empresas que serían alcanzadas por este impuesto serían unas 350: aquellas que hayan tenido ganancias extraordinarias como producto de la disparada de precios internacionales provocada por la guerra en Europa, entre otros motivos.

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Las fuentes oficiales lo han detallado en reiteradas ocasiones: este impuesto tiene como objetivo capturar "parte de la renta que no esté relacionada a un aumento en las ventas o la producción sino solo de márgenes". El motivo de este beneficio extraordinario puede ser ajeno a la guerra en Ucrania y el Ejecutivo no buscará "explicaciones" ni razones para estos márgenes inesperados de ganancia de cada empresa.

Otra cosa que aclararon desde el Gobierno es que la medida no estará dirigida para algún sector en específico, como sí ocurre en otros países.

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Martín Guzmán, el ministro de Economía, indicó que se trata de una alícuota extra del 15% en el Impuesto a las Ganancias de Sociedades de Capital, que se pagaría en el 2023. Pero para realizar el cálculo será tenido en cuenta el balance de diciembre de este año, que será comparado con el mismo balance de 2021. El margen de ganancia que busca el Gobierno para cobrar el impuesto debe superar los $1.000 millones, aunque también hay un segundo filtro de selección.

La segunda instancia de análisis implica que las empresas hayan tenido un margen de ganancia en 2022 superior al 10% en términos reales o que el aumento de ese margen, comparado con 2021, sea del 20% o más. Se supone que en esta selección ingresarían hasta 350 empresas.

Con respecto a las críticas recibidas por el carácter "confiscatorio" del tributo, el Poder Ejecutivo señaló que los reclamos "no tendrán asidero" y que los planteos "no tienen bases firmes".

Sin premio por reinversión

Originalmente el proyecto contemplaba que aquellas empresas que reinviertan una parte de esa renta inesperada puedan ser "premiadas" con una disminución del pago impositivo. Pero ese punto fue eliminado, ya que presentaba dificultades para determinar "desde el punto de vista conceptual y operativo".

Guzmán aseguró esta semana, durante la presentación del proyecto, que "abarca solo a empresas muy grandes de la Argentina", alegando que "una economía que no ataca a la desigualdad no tiene pujanza en la demanda".

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“Hay sectores que se han beneficiado porque hay precios de commodities que experimentaron aumentos muy grandes. Los precios subieron muy rápido en todo el mundo de alimentos y la energía. Fue un shock a la distribución de la riqueza. Si no se hace nada hay más desigualdad y sociedades que funcionan peor. El Estado debe cumplir ese rol. Queremos que las empresas ganen, pero que el crecimiento sea compartido”, indicó el funcionario.

También agregó este martes frente a la Asociación Empresaria Argentina (AEA) que estos sectores recibieron una renta "que no tiene nada que ver con una mayor inversión, sino que es producto del shock internacional, que al mismo tiempo le genera problemas a millones de personas", haciendo referencia al avance de precios de estos productos en el plano local.

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