La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, anunció que el Gobierno apelará el fallo de juez federal de Mar del Plata que ordenó suspender la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

"El Estado nacional apelará la decisión del Juez Alfredo Eugenio López que hace lugar a la medida cautelar que suspende la aplicación de la Ley de IVE, con la certeza de que no solo es una norma legítima democráticamente sino que además, tiene una solidez convencional inobjetable", dijo Gómez Alcorta a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

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“Este es un amparo federal que todavía no ha sido comunicado formalmente al Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y al Ministerio nacional, que por supuesto va a apelar en forma inmediata, porque parece un disparate plantear, a esta altura, la inconstitucionalidad de una ley que fue profundamente debatida, precisamente, respecto de su constitucionalidad”, señaló la ministra.

También afirmó que “están los antecedentes del Código Penal, que desde 1921 establece excepciones de aborto no punible y también el fallo F.A.L. de la Corte Suprema” de Justicia, ante un caso de embarazo por violación, de manera que “esta resolución es absolutamente inconsistente y mucho menos puede tener efectos suspensivos, a través de una medida cautelar, sobre una ley” nacional.

A cuatro meses de la promulgación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el titular del Juzgado Federal N°4 de Mar del Plata, Alfredo Eugenio López, hizo lugar a una medida cautelar y ordenó al Estado Nacional que suspenda la aplicación de la Ley 27.610, por considerar que viola la "protección integral de la vida desde la concepción".

El magistrado recordó una sentencia de la Corte Suprema del año 1980 que refería que “la vida es el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional”, con relación al pedido de unos padres para que se trasplante un riñon de una hija menor a otro hijo de la pareja.

Además, consideró que en razón del interés superior del niño y la legitimación que la ley 26.061 le reconoce a cualquier ciudadano para iniciar una acción judicial para su protección, se encontraban reunidos los requisitos para la configuración de un caso contencioso.

Por otra parte, el magistrado declaró la inconstitucionalidad de la Ley N°26.854 de Medidas Cautelares contra el Estado por entender que la misma atenta contra la división de poderes y la tutela judicial efectiva, al no permitir su dictado in audita parte, remitiéndose a otras decisiones del mismo magistrado en ese sentido.

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