Para el Gobierno, la sanción de la reforma laboral constituye una prioridad de la gestión de Mauricio Macri y, lejos de dar por perdida la batalla política ante la renuencia que exhiben los gremios y la oposición, insistirá en impulsar la iniciativa después de marzo próximo, una vez comenzadas las sesiones ordinarias del Congreso.

"Confiamos que en abril próximo podamos contar con la ley", adelantó un encumbrado ministro.

Este objetivo requiere del apoyo de la CGT, condición sine qua nonque impuso el peronismo no kirchnerista en el Congreso para aportar sus votos. A esa tarea se abocará el Gobierno, reacio por ahora a desguazar la iniciativa; esta posibilidad había sido una propuesta de algunos voceros del oficialismo en el Congreso para facilitar la aprobación de algunos puntos de la reforma, como los planes para favorecer el blanqueo de trabajadores informales o beneficios como extender las licencias por paternidad.

Pero la opción fue descartada. "Solo se terminará aprobando aquellos puntos que son de beneficio para los gremios, pero el resto de la reforma no se trataría nunca más", señalaron en la Casa Rosada.

Para vencer la resistencia que hoy muestran los gremios, el Gobierno ejercerá distintas formas de presión. "Los gremios están en deuda con nosotros; prometieron darnos su apoyo a la reforma laboral y al final se echaron para atrás. Al mismo tiempo nos boicoteaban la reforma previsional. No les debemos nada, al contrario", masculló ayer, un funcionario de la Casa Rosada.

En una estrategia de pinzas, el Gobierno instrumentará, por un lado, una serie de auditorías sobre las obras sociales que manejan los gremios, así como sobre sus propiedades. Por el otro, dejará hacer a la Justicia: las investigaciones que actualmente acorralan a algunos caciques sindicales -y, en especial, la que salpica al clan Moyano por supuesta evasión y lavado de dinero- pueden resultar un factor disuasorio clave para que los gremios terminen alineándose detrás de la reforma laboral, confían fuentes oficiales.

Los tiempos serán más distendidos que con la reforma previsional, cuya sanción terminó siendo traumática para el oficialismo por el costo político que le deparó.

"No creemos conveniente tensar más de la cuenta nuestra relación con los gobernadores del PJ. Son nuestros principales aliados en el Congreso y exigirles que asuman costos políticos por este gobierno les hace perder su perfil opositor. Nosotros lo sabemos, por eso no podemos abusar", reflexionó una fuente del oficialismo con despacho en la Casa Rosada.

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