El Gobierno nacional envía hoy al Congreso el proyecto de reforma tributaria que diera dado a conocer oficialmente la semana pasada. De esta manera, comienza una discusión que promete extenderse en sesiones extraordinarias. Los cambios impositivos tendrán un impacto de 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI). En Hacienda explican que esto será en un plazo de cinco años con un impacto neutro en términos de recursos porque será compensado con el crecimiento de la economía.

Antes de las sesiones, el debate estará en cada una de las comisiones. Según se supo, la norma podría ser discutida por las comisiones de Hacienda, Finanzas, Economía y Análisis y Seguimiento de las Normas Tributarias y Previsionales. Pero se da por descontado que serán las dos primeras, presididas por el Pro Luciano Laspina y Eduardo Amadeo, los ámbitos donde se discutirá. Más aún teniendo en cuenta que las otras dos las encabeza el FpV y a Economía lo hace el ex ministro Axel Kicillof.

El documento que tiene más de 140 páginas también plantea cambios en Monotributo, reducción en el impuesto a las Gananciascorporativas no distribuidas (del 35% al 25% al 2021), la devolución anticipada de saldos a favor de IVA por inversiones, la instrumentación del mínimo no imponible para contribuciones patronales (de $ 12.000 para 2022) y el incremento del pago a cuenta de Ganancias por el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios.

Además, se incluye un impuesto a la renta financiera en pesos y dólares y se restringe la exención a asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas y mutuales que realicen actividades financieras o de seguros, y se elimina las exenciones de plazos fijos, títulos públicos y demás instrumentos financieros.

Discusión con gobernadores

El triunfo de la reforma depende en gran medida de lo que se pueda acordar con los gobernadores. La reunión del presidente Macri con los Jefe de Estados provinciales dispuso que el proyecto establezca coparticipar la totalidad de Ganancias. De esta manera, Buenos Aires puede compensar su pedido de actualizar el Fondo del Conurbano.

Según el Cronista, también incluye una cláusula en donde las provincias desisten de los juicios contra el Estado hay 64 demandas por $ 300.000 millones algo que parece encontrar resistencia hasta en la propia Buenos Aires. De todos modos, nadie hará nada sin que antes no se concrete el acuerdo, por lo cual será clave la reunión del jueves.

Varias provincias anticiparon que desistirán cuando esté acordado en el Congreso. En realidad, ningún gobernador lo puede hacer sin el permiso de sus legislaturas, ya que implica resignación de recursos y podrían tener juicios por eso. La solución que estudian los fiscales federales es la suspensión de los plazos procesales hasta que termine la negociación.

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