"Lo que estamos haciendo es lo que corresponde. No es contra nadie". La respuesta salió de boca de un funcionario de trato diario con el presidente Mauricio Macri y está centrada en la pelea cuerpo a cuerpo del Gobierno con los sindicatos, una batalla que desde la Casa Rosada prometen que será "a fondo", y en el que el resultado aparece como imprevisible.

Hace tres días, el Presidente firmó un decreto que modifica la integración de los gremios docentes en la paritaria, diluyendo el poder de la Ctera en esa negociación. Pero esta iniciativa, en la que "milita" el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, es solo una de las que se llevaron adelante -y las que se harán- en contra de sindicatos y sindicalistas, que según funcionarios del Gobierno "se resisten a los cambios" y "espantan las inversiones que va a buscar el Presidente al exterior".

En el Gobierno se despegan de las recientes desventuras judiciales del gremialista y empresario de medios Marcelo Balcedo, detenido en Uruguay, o la de dirigentes de la Uocra de Bahía Blanca, acusados de extorsión y asociación ilícita.

Pero Macri autorizó -además del duro golpe al mayoritario gremio docente- otras iniciativas que buscan afectar, o al menos condicionar, a los gremios en las semanas previas a la discusión paritaria, que el Presidente espera termine con números "razonables" que lo ayuden a su objetivo de "bajar la inflación".

En el Gobierno hablan de un inminente "freno" a subsidios que reciben algunas de las obras sociales de los gremios, más allá de los fondos que por ley les corresponden. Apuntan a los movimientos de Sandro Taricco, el titular de la Superintendencia de Seguros de Salud, que administra los $30.000 millones retenidos durante el kirchnerismo y que Macri prometió devolverles a los gremios a cambio de paz social y apoyo.

La Oficina Anticorrupción y Fernando Sánchez, hoy funcionario de la Jefatura de Gabinete, trabajan además en una modificación de la ley de ética pública que busca acorralar a los gremialistas con problemas de papeles. Será una modificación de la ley de asociaciones sindicales, que obligaría a todos los sindicalistas a presentar declaraciones juradas patrimoniales y de interés.

"Hace más de un año venimos trabajando en una reforma integral de la ley junto a un grupo de legisladores. Abriremos el debate a la ciudadanía, y creemos que es un debate esencial para seguir transformando el servicio público", dijo Laura Alonso, titular de la OA.

La iniciativa -que se activará en febrero con la publicación del ante-proyecto en la web y la realización de talleres para su debate público- se complementa con otra de la OA que pedirá conocer las declaraciones juradas de los titulares de las obras sociales -las cajas de los sindicatos- y del proyecto de la diputada radical Carla Carrizo, que busca limitar los mandatos de los sindicalistas.

Días atrás, el interventor de la Administración General de Puertos, Gonzalo Mórtola, ratificó en la Justicia su querella contra Rubén Gerardo Pol, un veterano funcionario de ese organismo y sindicalista que regenteó durante más de un año de su propia "Saladita", una feria clandestina en un galpón del Puerto de Buenos Aires, propiedad del Estado. Mórtola responde a José Torello, el asesor y amigo del Presidente, y "no toma decisiones como esta sin consultar a ambos", afirmó un alto funcionario.

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