La abogada Valeria Carreras, que junto a su colega Lorena Arias encabeza la querella que reúne al grupo más numeroso de familiares de tripulantes del ARA San Juan, abrirá la ronda de declaraciones testimoniales para determinar si fueron víctimas de espionaje ilegal por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

La Fiscalía Federal 2 de Mar del Plata, a cargo de Daniel Adler, llevará adelante la investigación que surgió a partir de una denuncia aportada por Cristina Caamaño, actual interventora de la AFI, que encontró elementos de prueba que ratificaría que el Estado siguió y espió a esposas, hermanas y otros parientes de víctimas del naufragio del submarino, ocurrido en noviembre de 2017.

La declaración de Carreras se concretaría vía Zoom debido a las medidas de aislamiento por la pandemia del coronavirus. Con Arias representan a deudos de 26 marinos que fallecieron tras el hundimiento del buque de la Armada Argentina.

La testimonial será tomada por la fiscalía, que quedó al frente de la investigación luego de que el juez federal marplatense Santiago Inchausti delegara la instrucción del caso en el Ministerio Público.

Más querellantes

Tras la denuncia presentada en Mar del Plata por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, Carreras había pedido el jueves último que se incorporase como querellantes a las familias de los 26 tripulantes a los que ella representa junto a Arias.

La abogada aportó además en su presentación las denuncias realizadas entre junio de 2018 y junio de 2020 en los tribunales federales de Comodoro Py, Caleta Olivia y Lomas de Zamora, así como ante la Comisión Bicameral del Congreso que investigó el naufragio, luego de que algunos familiares expresaran sus sospechas de que eran víctimas de espionaje.

Por otra parte, el viernes último también pidieron ser tenidos en cuenta como querellantes las familias de otros tres marinos, representadas en Mar del Plata por el abogado Gerardo Rodríguez Arauco. Buscan determinar si hay material que los incluya en los presuntos seguimientos denunciados.

De ese modo, solicitaron ser incorporadas en calidad de querellantes familiares y allegados de 29 de los 44 tripulantes que iban a bordo del ARA San Juan, cuando naufragó el 15 de noviembre de 2017, en el Atlántico Sur.

En ese sentido, en los próximos días harán lo propio otras diez familias, representadas por el abogado Luis Tagliapietra, quien es además padre del teniente de corbeta Alejandro Damián Tagliapietra, una de las víctimas del hundimiento del buque de la Armada Argentina.

Fuentes cercanas a la causa informaron a Télam que el fiscal "impulsó el caso y ordenó diversas medidas de prueba", tras la presentación realizada el miércoles último por la intervención de la AFI en la Justicia Federal marplatense.

Según esta denuncia, personal que formaba parte de la delegación de la AFI en Mar del Plata durante la gestión de Cambiemos realizó "en los años 2018 y 2019" presuntas "tareas de vigilancia y seguimiento sobre el colectivo de familiares de las víctimas del hundimiento".

Esto fue detectado tras el hallazgo de una serie de discos rígidos con fotografías tomadas en el primer semestre de 2018, junto con partes de inteligencia con información sobre encuentros e inquietudes de las familias de los marinos mientras el buque estaba desaparecido.

La denuncia incluye además entre las posibles víctimas a parientes de los tripulantes del pesquero Rigel, un barco perteneciente a la flota marplatense, que naufragó frente a las costas de Chubut el 9 de junio de 2018, en un hecho que dejó un trabajador muerto y ocho desaparecidos.

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