El flamante ministro de Salud, Ginés González García, confirmó un nuevo protocolo de interrupción legal del embarazo. "Es un instrumento sanitario para cumplir la ley y los derechos de las personas en situación de interrumpir su embarazo, que además respalda a los profesionales de la salud", dijo.

Al mismo tiempo, anunció que el viernes se publicará en el Boletín Oficial el nuevo proyecto, que presentará "algunas modificaciones" en relación al publicado en 2015.

"Confío en que las provincias se van a adherir", expresó el ministro y aclaró que la reglamentación tiende a "igualar derechos" y a proteger a los profesionales. "La objeción de conciencia no puede ser una coartada para que no se cumpla con la ley", aclaró en otro tramo de la charla con los medios, en una conferencia que realizó en Casa Rosada.

Antes de asumir al frente de la cartera, había anunciado que una de sus primeras medidas sería la de rever el "mamarracho político" del Gobierno anterior, que reglamentó y anuló la aplicación del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en cuestión de horas.

Sobre el final del mandato de Cambiemos, Adolfo Rubinstein, entonces Secretario de Salud, había oficializado un protocolo de actuación que finalmente fuera revocado por orden del ex presidente Mauricio Macri, quien al desautorizarlo se refirió a la "decisión unilateral" que había tomado el funcionario.

El ministro de Salud se había reunido previamente con el presidente Alberto Fernández recibió y con la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, con quienes dialogó sobre el nuevo protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo.

Este protocolo tiene como objetivo actualizar la guía de prácticas anterior teniendo en cuenta los cambios que existieron en la legislación, como la aprobación del nuevo Código Civil de 2015, y la evolución del conocimiento que hace que se modifiquen cuestiones científicas, siguiendo cánones internacionales como la Organización Mundial de la Salud.

"Busca de esa forma garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas y los derechos de pacientes; proteger y acompañar a los equipos de salud como responsables de atender a la población, y llevar las mejores prácticas a quienes más las necesitan basándose en la legislación vigente. Y se basa en la mejor evidencia científica disponible y en la experiencia de implementación de versiones anteriores de protocolos nacionales y provinciales", señaló.

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