En caso de ganar las elecciones del 27 de octubre, Alberto Fernández afrontará el problema de la crisis económica y el impacto directo en los índices de pobreza y desempleo. Con más de 14 millones de personas que no alcanzan a cubrir los servicios básicos y otras 2 millones que buscan y no consiguen trabajo, la principal herramienta del Estado nacional para que esos argentinos tengan un ingreso, por mínimo que sea, son los planes sociales que hicieron su aparición de la mano de Eduardo Duhalde como consecuencia de la crisis de 2001 y que se ampliaron y diversificaron en las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner y de Macri.

Uno de los planteos históricos alrededor de los planes sociales es cómo hacer para que las personas que los reciben y estén en condiciones puedan hacer la transición hacia el mercado de trabajo formal y dejar de necesitar la ayuda del Estado para sobrevivir.

La administración de Macri no quedó al margen de esa discusión y en coincidencia con el Día del Trabajador, el 1° de mayo de 2017 el Gobierno anunció la puesta en marcha del "sistema de empalme", un programa oficial que apuntaba a sustituir planes sociales por empleo formal subsidiado por el Estado.

En un acto en el microestadio de Ferro, donde citó al ex presidente Juan Domingo Perón, Macri dijo: "Todos sabemos que después de la crisis 2001 quedó mucha gente excluida y estuvimos de acuerdo en que el Estado les tendiera una mano. Aquel que recibió un plan, lo pensó en términos de 'por un tiempo hasta que consiga trabajo'… Pero pasaron mucho años y siguen en la misma situación".

El Presidente sostuvo que con el flamante programa "todos los que tengan planes puedan entrar a trabajar sin perder el plan y las empresas pueden incluir lo que perciban del plan en su salario y facilita que lo puedan contratar". Este sistema consiste en habilitar algo denominado "sistema de empalme", que consiste en que el Estado, en vez de subsidiar a un desempleado o a un empleado informal, subsidia una parte del salario convencional mientras dure la relación de dependencia entre el trabajador y una empresa.

Sin embargo, el programa impulsado por Macri no tuvo el impacto esperado. Entre enero de 2017 y marzo de 2018, solo 12.280 beneficiarios de programas sociales lograron acceder por esa vía a un empleo formal. Es decir, que en 15 meses se concretó el 15% de los 80.000 traspasos proyectados por año para el "plan Empalme", según la meta que había anunciado en su lanzamiento el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

Desde el Gobierno se despegaron de los resultados fallidos y el entonces ministro Triaca aseguró que "no se puede hacer un cálculo lineal sobre todo el universo de los beneficiarios de planes sociales porque no todos ellos están en condiciones de empleabilidad". Sin embargo, admitió que el oficialismo apuntaba a "darle al plan Empalme mayor dinámica y generar en el sector privado mayor confianza en el trabajador que viene de los planes sociales".

Pero menos de un mes después de la promesa de Triaca, a fines de abril de 2018, se desató la crisis cambiaria que derivó en una recesión que continúa hasta hoy y por la cual aumentó tanto la pobreza como el desempleo. Este fue el último clavo en el ataúd del plan Empalme. O eso parecía.

Porque el plan Empalme, o algo parecido, es una de las patas de una idea que impulsa el diputado Daniel Arroyo, uno de los referentes del Frente de Todos en lo que hace a problemas sociales y el vínculo con organizaciones como Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), entre otras.

Según publicó Infobae, en mayo de 2017, Arroyo elogió el programa lanzado por Macri pero advirtió que había que analizar su implementación: "Hay que hacerlo bien para que no termine siendo flexibilidad laboral o que no tire a la baja el salario de los trabajadores". Menos de un año después, en marzo de 2018, el ex viceministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Daniel Scioli criticó la aplicación del plan: "A la escasez de generación de puestos de trabajo en la economía se suma la falta de gestión. El Gobierno no lo tomó como una política estratégica, no involucró a los ministerios de Producción y de Educación, y en la práctica lo terminó desactivando".

El centro del problema, para Arroyo, fue que "el mercado de trabajo está totalmente trabado" producto de la crisis. "Tenemos un universo de 700.000 personas en distintos programas sociales, muchos de los cuales realizan también actividades en el sector informal. El gran problema es que desaparecieron las changas, solo les quedó el plan social que les alcanza cada vez menos", detalló el diputado en diálogo con Infobae.

En esa línea, Arroyo contó a este medio que desde el Frente de Todos consideran que "las personas que reciben planes sociales se pueden dividir en tres situaciones: está el grupo de los que si la economía arranca, entran a trabajar; hay un segundo sector que aunque la economía vuele, tiene problemas de capacitación; y hay un tercer sector que está con problemas de adicciones, de salud, que es más difícil de insertar en el mercado laboral".

Para esos tres grupos de beneficiarios de programas sociales, Arroyo tiene un plan: "Hay que armar un esquema de traspaso de planes sociales a trabajo que tenga tres dimensiones. Una, armar una red de 20.000 tutores (el cura, el pastor, la maestra) para generar el vínculo entre escuela y trabajo, entre planes sociales y trabajo. Hay que hacer una red, acompañar y construir un mecanismo para ayudar en la capacitación".

Para Arroyo, las áreas de la industria en las que estas personas se pueden insertar en el mercado del trabajo son los "sectores masivos como construcción, textil, comercio, metalmecánica, frigoríficos", entre otras.

Una segunda dimensión del plan es la más parecida a lo que el macrismo llamó el "Empalme": "Queremos que puedan convivir el plan social y el trabajo en blanco. Si una persona consigue un trabajo en blanco, queremos que pueda mantenerse 24 meses en el plan, hacer un empalme entre ambos, un esquema conjunto". "Lo estatal es seguro, y si uno toma un trabajo formal tiene el riesgo de quedarse sin las dos. Entonces la persona que consigue trabajo continúa en el plan durante 24 meses y se va quitando progresivamente. Es un proceso importante de acompañamiento y seguimiento", analizó.

"La tercera dimensión es un gran sistema de créditos no bancarios con una tasa muy baja, de 2% o 3% anual, para la compra de herramientas y máquinas", detalló Arroyo, que contó que "gran parte de la gente genera su propio trabajo". Esta pata del plan "apunta a artesanos, a pequeños emprendedores y a empresas recuperadas. Los créditos tienen una doble lógica: capitalizar, pero también desendeudar, porque muchos tomaron deuda a 200% anual en la financiera de la esquina. Esto permite que la gente saque la cabeza afuera del agua y vuelva a respirar". Esa parte le demandaría al Estado alrededor de $20.000 millones que, sumado al programa de tutores, implicaría sumar otro gasto a un presupuesto que ya funciona con déficit fiscal en el marco de una recesión que no cede.

Por último, Arroyo destacó que "todas las dimensiones del plan forman un sistema que tiene el objetivo de vincular a las personas que tienen planes sociales con el trabajo asociado al mercado interno".

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