Con el apoyo de una parte de peronismo, Cambiemos convirtió en ley esta madrugada el Presupuesto 2019 en una maratónica sesión en la que también se debatieron la adenda al Consenso Fiscal, cambios en ganancias y el proyecto de bienes personales -que como se aprobó con cambios deberá retornar a Diputados-.

El proyecto de Presupuesto 2019 del Ejecutivo plantea un ajuste de más de $ 400.000 millones, contempla un gasto total de más de $ 4 billones, una inflación interanual del 23%, una caída de la economía del 0,5% y un dólar a $ 40,10, mientras que los servicios de deuda aumentarán 48,8% respecto de este año.

Minutos después de las 3:30 de la madrugada del jueves, 45 senadores pulsaron por la positiva, que superaron a los 24 por la negativa. Además hubo una abstención.

Así, a los 24 legisladores oficialistas sumaron sus votos diez senadores del Bloque Justicialista que responden a Miguel Pichetto (Río Negro), los bloques provinciales del Frente Cívico de Santiago del Estero, el Frente Renovador de Misiones, el Movimiento Popular Neuquino y los peronistas Carlos Reutemann (Santa Fe) y Juan Carlos Romero (Salta) y Cristina Fiore Viñuales (Partido Renovador-Salta).

Como corolario de la maratónica sesión, duró más de trece horas, el Senado también sancionó otras dos leyes. Una modifica el Impuesto a las Ganancias para postergar el cronograma de ajuste por inflación de los balances de las empresas. La otra, es la adenda al pacto fiscal que le permitirá a las provincias flexibilizar la eliminación de impuestos locales. Es la moneda de cambio con la que el Gobierno compensará el recorte de subsidios que recibían las provincias.

Además, modificó el proyecto que modificó el mínimo no imponible y las escalas de Bienes Personales para eximir del cómputo del impuesto a las viviendas familiares de hasta $18 millones, que ahora volverá en segunda revisión a Diputados.

El extenso debate se convirtió en un pulseada entre la defensa oficialista de la necesidad del ajuste y de un presupuesto que destina más del 70% del gasto a la inversión social y la denuncia de la oposición del proyecto como la consagración de un aumento del endeudamiento externo y el recorte de fondos en áreas sensibles de la administración pública.

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