En el fallo por la muerte de Lucía Pérez, la Justicia pidió a la Procuración General bonaerense que sea investigada la labor de María Isabel Sánchez, la fiscal de instrucción que habló de "empalamiento" en una conferencia de prensa y que luego fue apartada del caso.

El Tribunal 1 -integrado por los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas- solicitó que Sánchez sea investigada por el posible delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Los jueces no dejaron "pasar por alto la irresponsable génesis que tuvo desde la hora cero esta investigación". La fiscal Sánchez, recordaron en el fallo, "brindó una conferencia de prensa a medios locales y nacionales donde expuso sin ningún tipo de tapujo que la menor Lucía Pérez había fallecido producto de una agresión sexual inhumana provocada por un empalamiento anal, despertando de esa manera una serie de reacciones de lo más dolorosas, fundamentalmente para los padres de la menor que hasta el día de hoy tienen que llevar a cuestas esta horripilante historia surgida de la propia imaginación de la doctora Sánchez".

"En el debate -continuaron los jueces- la madre de Lucía contó que fue la fiscal quien personalmente le dijo que su hija había sido drogada y violada y que por esa violación había muerto. Que había sido empalada y que habían lavado su cuerpo. Todo esto con el agravante que la doctora Carrizo –quien practicó la autopsia de Lucía- señaló en el debate que jamás le trasmitió tal cosa a la fiscal".

En otro fragmento del fallo, se lee: "Todos los testigos que pasaban por el juicio, sobre todo funcionarios policiales y peritos, dijeron nunca haber visto personalmente y encabezando la investigación a la fiscal, resultando llamativo -para alguien que ha cumplido ese rol durante siete años- que un hecho que suponía tamaña gravedad solo haya sido manejado por teléfono, sin constituirse en el lugar de los hechos, ni participar en las diligencias y aun así lanzara una hipótesis que para nada coincide con la que sostuvo la actual acusación".

Para los jueces, "esto ha sido como una bola de nieve que ha ido arrastrando a su paso no solo a los directos involucrados (familiares y amigos de Lucía y hasta los propios imputados) sino a grupos de derechos humanos, instituciones públicas y privadas y hasta personas ajenas al proceso que confiando en los dichos de la fiscal del caso fue tomando partido sobre un tema cuya información era errónea. La propia fiscal dio una versión que luego debió ser abandonada por descabellada".

Según el Tribunal, "más allá del esfuerzo de la parte acusadora en demostrar que existió un estado de vulnerabilidad dentro de un contexto analizado desde la perspectiva de género, que ello fue basado en una relación desigual de poder donde la mujer suele ser uno de los grupos más afectados siendo Lucía cosificada para la satisfacción de los deseos sexuales del autor, lo cierto es que en mi criterio nada de eso existió y que se está tratando de encauzar de cualquier manera el desatino inicial de la doctora Sánchez para satisfacer las falsas expectativas generadas por ella misma".

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