Los Defensores del Pueblo de General Pueyrredon manifiestaron su "profunda preocupación por las numerosas entidades de bien público, ONG´s, clubes sociales y deportivos, centros de jubilados, sociedades de fomento que tratan con adicciones e instituciones que trabajan con personas con discapacidad a raíz del enorme incremento de las tarifas de luz y gas que están poniendo en grave riesgo la continuidad del funcionamiento de las instituciones".

"Motiva la preocupación el insustituible rol que cumplen las entidades, que en la mayoría de los casos suplen la falta de accionar del Estado, en un momento de crisis económica y social que las lleva a constituir un colchón de contención social para los más perjudicados por las políticas económicas", detallaron los funcionarios municipales.

Según los defensores, "el enorme incremento de las tarifas pone en dificultades a quienes con voluntad y solidaridad trabajan por el bien común y ponen de su bolsillo, muchas veces para poder brindar contención social a niños, adolescentes, personas con discapacidad, jubilados y vecinos con necesidades insatisfechas".

En diciembre de 2015 se puso en vigencia la Ley nacional 27218 de Tarifa de Entidades de Bien Público, que obliga a las mismas a inscribirse en un registro nacional para poder acogerse a la nueva tarifa. Aunque la misma puede ser un importante beneficio para las instituciones el trámite es engorroso y demora mucho tiempo.

Reunidos los Defensores Luis Salomón, Fernando Rizzi y Daniel Barragán con las gerencias de Camuzzi y Edea, llegamos a la conclusión de que es imprescindible que además de favorecer el acceso a la Tarifa de Entidades de Bien Público las prestadoras privadas deben aceptar una rebaja de las tarifas adicional para instituciones de probada actividad en el bien común de la ciudad.

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