viernes 18 de noviembre de 2022

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Usurpaciones

Fiscal acompañó el pedido del intendente para desalojar a ocupantes de tierras en Las Heras

Juan Pablo Lódola elevó a la Justicia de Garantías la solicitud de lanzamiento. Entre los fundamentos citó el riesgo que implica construir sobre esos lotes, donde el municipio dispone de un cuenco de amortiguación hidráulica ante posibles inundaciones en ese barrio.

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Entiende que quienes participan de ese hecho les comprende la imputación de usurpación de propiedad inmueble (Art. 181 inciso 1° del Código Penal) y considera que están dadas las condiciones para probar el delito y emprender a la brevedad las medidas necesarias para que abandonen el lugar.

Entre los argumentos que cita el fiscal pone en relieve que la ocupación del inmueble por parte de las personas que la están llevando adelante "implica un peligro para la salud y seguridad de cada una de ellas” ya que la administración comunal, titular de esas parcelas, dispone allí de un cuenco de amortiguación hidráulica que forma parte del Sistema Urbano de Drenaje Sostenible(SUDS)”.

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Así lo había manifestado más temprano el intendente Guillermo Montenegro, que en una conferencia de prensa no dudo en afirmar que el que toma un terreno “es un delincuente” y fue quien de manera personal hizo la presentación judicial para denunciar lo que estaba ocurriendo en este predio de Avenida Fortunato de la Plaza entre Rufino Inda y Reforma Universitaria.

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Allí se instalaron unas treinta familias decidas a habilitar un loteo y en cada uno de esos espacios, que dijeron haberse repartido en acuerdo de los participantes de la iniciativa, construirse su casa. Se presentaron como vecinos del barrio y coincidentes ahí como familias “independientes”, sin vínculo político alguno, según aclararon varios de ellos.

Lódola cita que en esas tierras, según tiene constancia por relevamientos fotográficos, se encontraban unas 40 personas, a varias de las cuales identifica en el escrito para solicitud de lanzamiento que elevó al juzgado de turno.

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Insiste entre sus argumentos con condiciones de esas tierras a las que el municipio le da una utilidad a la que es ajena la posibilidad de levantar construcciones, al menos sin estudios previos que certifiquen estado del suelo. “No cuentan con los análisis estructurales de estabilidad”, cita el fiscal y aclara que levantar allí cargas permanentes “constituye un extraordinario riesgo para aquellos ocupantes allí emplazados”.

El pedido del ministerio público es entonces que la Justicia de Garantías atienda su presentación y fundamentos, disponga el desalojo de los ocupantes y ordene la restitución del bien inmueble a su propietario, en esta caso el Estado municipal.

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