Desde que asumió la conducción de General Pueyrredon, Carlos Arroyo se excusó que no podía llevar a adelante muchas políticas públicas por la frágil economía de la comuna. El intendente encontró en las multas por infracciones de tránsito un aliado fundamental para recaudar dinero. El problema es que ahora está dispuesto a firmar contratos con funcionarios públicos investigados por la Justicia que no benefician plenamente a las arcas municipales.

Arroyo firmó un convenio con la UTN de La Plata para implementar las fotomultas en Mar del Plata y Batán que sólo le deja el 50% del dinero recaudado. El contrato fue firmado por Carlos Fantini, decano de la Universidad que está siendo investigado por desvío de fondos.

Dos jueces federales platenses investigan a Fantini para determinar el modus operandi para la emisión y cobro de cheques truchos con fondos millonarios. Para deslindar responsabilidades, el decano Fantini acusa a sus colaboradores más directos como los responsables de ejecutar administrativa y contablemente el ilícito. A pesar de esto, Arroyo no dudó y firmó el acuerdo con el funcionario público investigado.

Pero Fantini no es el único agente cuestionado en esta operación. Para realizar el trabajo de las fotomultas, la UTN de La Plata contrata a la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (Cecaitra/Asociación Civil)que a su vez subcontrata a una empresa privada.

En esta operación aparece el nombre de Bernardino García que es representante de la Cámara y titular de la empresa subcontratada (SERVITEC SRL). Es decir, atiende los dos mostradores. Al firmar el convenio con la UTN, el intendente de General Pueyrredon avala este conflicto de intereses. García ya realizó esta maniobra en 12 municipios diferentes de la provincia de Buenos Aires.

El oscuro negocio de las fotomultas le deja a la comuna sólo el 50% de la recaudación, un 35% para la investigada UTN y un escaso, y llamativo, 15% a la provincia de Buenos Aires.

Frente a este panorama queda en claro que el intendente Carlos Arroyo tiene como principal objetivo recaudar dinero mediante las infracciones de tránsito sin importar que en el medio haya una entidad cuestionada, funcionarios investigados y empresarios que utilizan asociaciones civiles para no tener que participar en licitaciones públicas.

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