El fiscal federal Franco Picardi imputó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en la causa que investiga operativos para controlar manifestaciones de la comunidad mapuche en Chubut, hechos ocurridos en 2017 y que tuvo episodios trágicos como la muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, el primero ahogado en un río y el restante herido de bala por un disparo de un gendarme.

“Acá estoy y acá me voy a quedar. Como ministra, como ciudadana de bien, defendiendo siempre la Verdad.”, respondío vía Twitter la funcionaria. Dijo que “mintieron cuando dijeron que había habido desaparición forzada con Maldonado. Crearon un plan para sembrar odio y miedo en la gente”. Y advirtió: “No habrá apriete que me pueda frenar”.

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Picardi pidió investigar a la ministra y también a su jefe de Gabinete, Pablo Nocetti, además de otros colaboradores de menor rango que tuvieron participación en aquel despliegue en medio de cortes de ruta y disputas entre los manifestantes y propietarios de tierras de la zona. Sospecha que, entre otros delitos, incurrieron en espionaje ilegal de esa comunidad.

El planteo del Ministerio Público apunta a determinar si en aquel desempeño de las autoridades nacionales hubo una protección del lucro inmobiliario en la administración de la negociación entre ambos.

A Nocetti se lo señala como el responsable del manejo del operativo encabezado por Gendarmería a comienzos de agosto de 2017, cuando se propuso desalojar a quienes protagonizaban un corte en la ruta 40. Se trataba de miembros de la comunidad mapuche de Pu Lof.

Gisela Cardozo, Norma Ríos y María Elena Naddeo, reponsables de la Asamblea Premanente por los Derechos Humanos, son quienes sepresentaron ante la justicia para denunciar “un plan criminal contra las comunidades mapuches” por parte del Estado Nacional

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