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SUSCRIBITEEl gobierno australiano está pronto a promulgar una ley que prohíba la utilización de la bandera del estado Islámico, siendo por supuesto una medida sumamente criticada por la comunidad musulmana. En un primer momento, el proyecto de ley apuntaba a vetar las esvásticas y otros símbolos nazis en todo el país debido al aumento de la actividad de la extrema derecha, pero luego se incluyó también la simbología del grupo terrorista.
El consejo Nacional Australiano de Imanes (máxima institución religiosa musulmana allí) afirmó en un escrito que "El proyecto de ley pone a los musulmanes australianos en peligro de que sus prácticas religiosas sean vigiladas e incluso criminalizadas”. Este escrito estaba dirigido a la comisión parlamentaria mixta de inteligencia y seguridad, que está examinando el proyecto de ley.
Según sostienen los líderes musulmanes, la prohibición y criminalización sería parecido a un veto a la cruz cristiana porque también la ha usado el grupo supremacista blanco Ku Klux Klan.
La bandera negra utilizada por el ISIS incluye la Shahada, una afirmación de fe que dice “no hay más dios que Alá y Mahoma es su profeta”, frase que constituye el primero de los cinco pilares del islam. La bandera también incluye un sello que se cree que utilizaba Mahoma.
Por ello, la Federación Australiana de Consejos Islámicos advirtió que el proyecto de ley tiene una redacción muy amplia, lo que causaría una prohibición incluso de ese texto, no solo de la bandera. Según el texto, el veto aplica a “algo que se parezca tanto a la bandera del Estado Islámico o que pueda confundirse con la bandera del Estado Islámico”.
Raihan Ismail, experto en Islam político de la Universidad Nacional de Australia, sostuvo si se aprueba la ley “ningún musulmán australiano podría sentirse libre de exhibir una bandera negra, o de hecho cualquier bandera, que contenga escritura árabe”, bajo el temor de que se confunda con la bandera del ISIS. “Ese resultado es catastrófico”, advirtió, según publicó el Sydney Morning Herald.
El gobierno del Partido Laborista controla la Cámara de Representantes, pero no el Senado, y no está claro cuándo podría aprobarse o entrar en vigor una prohibición. La ley incluiría una pena de hasta un año de prisión.