La Cámara de Apelaciones de Nueva York determinó que el juicio contra el Estado Nacional e YPF que se cursa en los tribunales del sur de Manhattan quede en manos de la jueza Loretta Preska, magistrado de la primera instancia que reemplazó al fallecido Thomas Griesa. Los abogados argentinos interpretaron la decisión como una señal de que los tiempos judiciales se podían acelerarse mucho en contra del país.

La Cámara mantuvo su decisión y el juicio quedará en manos de Preska, que podría comenzar la instrucción, más allá de lo que diga la Corte Suprema de EEUU, que le pidió opinión al procurador de Donald Trump sobre si el caso tiene que tratarse en ese país o en Argentina, como afirman la empresa y el gobierno local.

Según publicó Infobae, el equipo de abogados del Estado y la empresa están encabezados por Bernardo Saravia Frías, procurador del Tesoro, y Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, director de YPF, y hombre de línea directa con el presidente Mauricio Macri y especialista en cuestiones judiciales de Cambiemos. Además de importantes estudios que siguen el tema tanto en EEUU como en España. Justamente en este último país está enfocada la nueva estrategia: demostrar que toda la demanda es inválida.

El reclamo lo motoriza Burford Capital, una empresa que cotiza en la bolsa de Londres y que se especializa en invertir en litigios. Alega un supuesto incumplimiento del Estado argentino al momento de la nacionalización de YPF, que se aprobó en el Congreso. Entonces, el país acordó con Repsol, el accionista mayoritario (51%), y le pagó más de USD 5.000 millones en bonos. El litigante dice que Argentina tendría que haber realizado una oferta pública de adquisición (OPA) y equiparar el ofrecimiento a los demás accionistas. Eso no pasó y a ese reclamo se subió Burford amparado en que YPF cotiza en Wall Street.

Burford, al que se lo suele comparar con un "fondo buitre" por su estrategia global de adquisición de activos en problemas, negoció en 2013 con la justicia española el derecho a litigar de dos empresas quebradas que también era minoritarios (Petersen Energía y Petersen Inversora, que ya no pertenecían al Grupo Petersen local en ese momento). Luego, Burford también se quedó con parte del juicio de Eton Park, otro accionista minoritario. Todas estas cuestiones se dirimen en una compleja trama judicial en los tribunales del Distrito Sur de Nueva York e incluso en la Corte Suprema de EEUU.

Mientras tanto, los abogados argentinos creen haber visto una pequeña luz de esperanza al otro lado de Atlántico, en España. A fines de febrero los representantes del Estado y la empresa presentaron en Madrid dos demandas similares contra Burford. Pretenden que se pruebe que el contrato de financiamiento que celebró con la justicia por las Petersen españolas es "una cesión de créditos". O sea, que el fondo no financia a las compañías quebradas, sino que compró el juicio.

"Ellos dicen que están financiando y para nosotros están escondiendo el real negocio, que es que compraron el juicio", aseguran fuentes de la causa.

¿Qué impacto tendría esto en el juicio en EEUU? "Enorme", afirman cerca de YPF. Las carátulas de los expedientes contra el Estado son de las empresas quebradas, algo que sería correcto si Burford financia el juicio, pero no si lo compró. En ese caso la demanda tendría que hacerla directamente Burford y como eso no pasó, no existiría en EEUU –siempre según el argumento de los abogados argentinos– lo que se conoce como "legitimación activa". Es decir que la demanda la habría iniciado alguien que no tiene derecho a hacerlo. Y el juicio podría caerse.

El Estado nacional no tiene dudas de que fue una venta, pero reconocen que probarlo en los tribunales españoles no será tan simple.

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