Por Federico Farley
Periodista Especializado en Filosofía y Letras

Mientras la pandemia Covid-19 sigue con niveles altos en Argentina, la discusión sobre el inicio de clases presenciales mantiene abierta la grieta y el disenso entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad.

Si con la baja de casos de contagio en el último trimestre del 2020 el debate se polarizaba, este nuevo rebrote traería nuevas y más duras complicaciones para llevar adelante el inicio del ciclo lectivo. Sin embargo, ambos gobiernos presentaron un plan de inicio de las clases: en el caso de la Ciudad arrancarían el 17 de febrero de manera gradual, pero priorizando la presencialidad diaria de los alumnos, mientras que el gobernador Kicillof anunció medidas de presencialidad alternada. La prioridad educativa para el año 2021, según dijo Nicolás Trotta, ministro de Educación nacional, es la vuelta a las clases presenciales.

En el medio de los anuncios de los respectivos gobiernos, el debate: “No es un capricho” dijo Soledad Acuña, ministra de Educación porteña; “algunos se rasgan las vestiduras” sostuvo Kicillof antes de fin del año pasado, aunque aclaró no referirse exclusivamente al gobierno porteño y mientras indicaba el plan de inicio de clases la pasada semana declaró “se ha dicho cualquier disparate” con respecto a la modalidad de regreso a las aulas. El discurso del gobierno porteño se presenta más a la defensiva, mientras que las declaraciones de Kicillof parecen centrarse en posición de ataque sin un destinatario expreso.

Al campo de batalla, además se agregan los gremios que reclaman campañas de vacunación para docentes y anuncian paros. La ciudad notificó que descontarían los días a aquellos docentes que adhieran a un paro activo y no se presenten al establecimiento de trabajo mientras que en la Provincia se notificó la vacunación prioritaria para los docentes que pertenezcan a los grupos de riesgo. Las medidas tomadas por Horacio Rodríguez Larreta son testeos quincenales y burbujas sanitarias con respecto a los grupos escolares.

En un año en el que todos los sectores se vieron fuertemente afectados, la educación no fue en absoluto la excepción ya que los índices de contacto entre alumnos y escuelas disminuyó considerablemente y los niveles de aprendizaje esperados no fueron alcanzados en términos generales. Sin embargo, la crisis educativa no es producto de políticas con respecto a la situación sanitaria, sino que la pandemia profundizó los problemas estructurales que la educación del país acarrea hace décadas y lo hizo con mayor fuerza en las zonas con mayores problemas de conexión a internet.

Así, a menos de un mes del inicio pactado, las familias todavía no saben exactamente en qué circunstancias sus hijos concurrirán a las clases, sobre todo en las localidades afectadas por contagios producidos por las vacaciones de verano.

La batalla por las clases entre oficialismo y oposición no ha hecho otra cosa más que ahondar el debate estrictamente partidario sin llegar a un consenso de diálogo. El reclamo genuino de la sociedad no radica en volver a la presencialidad escolar como sea ignorando el riesgo epidemiológico, y perjudicando aun así las condiciones educativas, sino en reconstruir y reforzar el pilar de desarrollo más importante de un país de manera sostenida sin intervenir con interés partidario y atendiendo responsablemente a las emergencias educativas según la situación sanitaria lo demande.

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