La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este martes la aplicación del 2x1 "-que contabiliza el doble el tiempo que un acusado estuvo detenido sin condena- a los acusados de delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Cuatro de los cinco jueces coincidieron en rechazar el beneficio, mientras que Carlos Rosenkrantz fue el único que se mostró a favor.

Tras el antecedente del caso "Muiña", un ex represor a quien el año pasado la Corte votó beneficiar con el 2x1 gracias al voto de los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton y Horacio Rosatti causando un fuerte rechazo social reflejado en una gran movilización de protesta en las calles y el rápido dictado de una ley "correctiva" por parte del Congreso para excluir de ese beneficio a los acusados por delitos de lesa humanidad, ahora el máximo tribunal acaba de volver a decidir sobre la cuestión.

Según informó Clarín, a los votos negativos que ya habían formulado en aquella ocasión los jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, se sumaron ahora los de Rosatti y Highton, para quienes -según una argumentación de Rosatti a la que adhirió su colega- la "ley correctiva" votada por el Congreso en una semana tras el escándalo Muiña es suficiente para cubrir el vacío legal que ellos habían señalado en aquella ocasión. Según esta información, solo el presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, mantuvo su posición en favor de aplicar el 2x1 en esta ocasión.

El expediente refiere a un ex agente de inteligencia llamado Rufino Batalla, condenado a 13 años de prisión por su responsabilidad en más de un centenar de casos de víctimas de la dictadura pero sin sentencia firme y recientemente liberado. Entre sus víctimas se encuentra la hija de la titular de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

En un voto conjunto, Lorenzetti y Maqueda asimilaron el caso Batalla al de Muiña, aclararon que la detención preventiva de Batalla había sido previa a la sanción de la ley del 2x1, y que el derecho internacional impone a la Argentina la obligación de perseguir los delitos de lesa humanidad e "imponerles una pena adecuada y proporcional a su gravedad", que no podría verse menguada "por un mero cálculo aritmético".

A su vez, el voto de Rosatti argumenta su cambio de posición respecto al voto en Muiña porque acepta la "aclaración de la interpretación" que la ley 27.362 sancionada el año pasado realizó sobre el alcance del 2x1 en casos de lesa humanidad.

Quien en cambio contradijo a todos sus colegas fue el presidente del cuerpo, Carlos Rosenkrantz, quien no sólo mantuvo su voto en favor del beneficio a los acusados por la represión ilegal sino que además dijo que la ley de 2017 es inconstitucional. Para el juez -incorporado a la Corte en 2016 por impulso del Gobierno y ungido como titular de la Corte tras una sorpresiva jugada que alentó el oficialismo- la norma no es "interpretativa", y aún si lo fuera "no son admisibles leyes interpretativas más perjudiciales en materia penal".

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