“Estamos frente a la compra venta de una persona”, sostuvo en audiencia el fiscal Daniel Adler ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. Y así fue como lo interpretó el tribunal, que confirmó el procesamiento de un hombre de 74 años que había pagado 200 mil pesos al padre de una niña de la comunidad zíngara de 16 años, quien también quedó detenido, luego de dar con su paradero días atrás.

La causa, en la que intervino la Fiscalía Federal N°2, a cargo de Nicolás Czizik, se inició cuando la madre de la niña formalizó una denuncia por la maniobra que había realizado su ex pareja y padre de la menor de edad: acordó vender a su hija, quien había cursado hasta tercer grado y presentaría un retraso madurativo y para ello la retiró de un instituto de menores donde fue alojada por las agresiones sufridas en su núcleo familiar, sin el permiso de su mamá.

Tras una investigación de la Justicia Federal, la nena fue liberada tres días después de haber sido vendida. La niña había sido contactada por el comprador, de 74 años, a través del Facebook, quien le propuso venir a Mar del Plata –dado que ella se encontraba en Santa Rosa, La Pampa, internada en un hogar de menores-, bajo la promesa de "un bienestar económico si se casaba con él".

Finalmente, el pasado 14 de marzo, el padre de la niña la pasó a buscar por el hogar y la llevó hasta la vivienda del comprador, situada en avenida Juan B. Justo al 4800. Luego de recibir el pago, se marchó. En el lugar, su hija fue sometida a la realización de tareas domésticas, además de las “obligaciones sexuales”. En una de sus declaraciones la joven víctima señaló que desde que se había constituido como esposa debía usar pañuelo en la cabeza, atender a su marido, planchar, cocinar y demás tareas del hogar.

“Acá se ha cosificado y vendido a una persona. Y esta compra venta constituye una situación análoga a la esclavitud”, enfatizó el fiscal Adler.

Al celebrarse la audiencia en la Cámara Federal de Apelaciones, Martín Ferrá, el abogado defensor del hombre que pagó por la niña, planteó que se estaban tergiversando las costumbres ancestrales de la comunidad gitana de la entrega de una “dote”, que consiste –explicó- en una suma de dinero o bienes, por parte del novio al padre de la novia cuando se conviene una unión de hecho.

Por otro lado, llamaron la atención los dichos de la niña sobre las bondades de su relación con el anciano estaban centradas en que no le pegaba, no la “sacaba de los pelos” y que la llamaba por su nombre.

De hecho, la menor contó que hacía leer los mensajes del imputado porque no sabía hacerlo, para ganar su voluntad de contraer matrimonio.

Luego, logró su traslado a través del pago a su padre de 200 mil pesos. Entonces, la acogió en su vivienda, para hacer efectiva su explotación: consiguió la unión de hecho, que la niña realizara trabajos domésticos, y el acceso carnal.

El padre de la niña fue detenido el pasado 13 de junio en Puerto Julián, provincia de Santa Cruz, y en las últimas horas, el juez Inchausti resolvió su procesamiento con prisión preventiva. Está acusado del delito de trata de personas con fines de explotación (unión de hecho), bajo la modalidad de ofrecimiento y traslado. La víctima es su hija, quien manifestó haber ayudado a su papá a comprar una casa con el dinero que su comprador pagó por ella.

Frente a ello, el juez de instrucción sostuvo: “tengo por verificado el beneficio económico a favor del imputado, y a costa de la vida, integridad y libertad de su hija menor de edad”.

En su resolución, Inchausti reparó en un segundo caso que podría encuadrarse en el mismo delito, pero declaró la incompetencia en razón del territorio, por producirse en la localidad de Caleta Olivia, Santa Cruz, y declinó la misma en el Juzgado Federal de aquella localidad. A su vez, advirtió la intervención de la madre de la niña en algunos hechos, pero observó que ha sido víctima de una situación de violencia de género y vulnerabilidad, por lo que solicitó informes al respecto.

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