El intendente Carlos Arroyo y su hijo Guillermo, concejal por Cambiemos, serán citados declarar como testigos en el juicio por la causa de las "licencias truchas".

Ambos políticos figuran en la lista presentada al Tribunal Oral N° 2 por el abogado defensor del Juan Carlos Belmonte, Sergio Sosa Ortega, quien admitió que existe la posibilidad de que el jefe comunal y el edil se presenten en el debate. Sin embargo, no quiso adelantar por qué motivo serían relevantes sus testimonios ni la estrategia que llevará a cabo en el proceso.

De todas formas, Belmonte -acusado de ser el líder de la asociación ilícita que emitía los registros de conducir de manera irregular- había dicho antes de comenzar la audiencia de este miércoles que en el negocio descubierto por la Justicia había "responsabilidad política". De ello se desprende que, la presencia de Arroyo y su hijo como testigos en el juicio, podría servir para contar cómo se modificó la gestión en el Distrito Descentralizado El Gaucho -donde se tramitan las licencias- desde que se produjo el cambio de gobierno.

Desde que comenzó la investigación sobre Belmonte y los demás imputados, la defensa habló sobre las implicancias que tendrían en los delitos funcionarios de la gestión de Acción Marplatense, que encabezaba el ex intendente Gustavo Pulti. Sin embargo, esas hipótesis deberán ser citadas y analizadas ahora en el juicio, para determinar si se abre una causa descendiente de esta o si polémico caso de corrupcióin descubierto en 2014 finaliza con este debate oral definitivamente.

"Vamos a decir de quién era este negocio, no era un negocio de Juan Carlos Belmonte. Hubo responsabilidad política", dijo el propio Belmonte antes de ingresar a la sala del tribunal compuesto por Alexis Simaz, Néstor Conti y Roberto Falcone. Por su parte, el fiscal Marcos Pagella mencionó que por ahora no hay políticos acusados, sino sólo empleados municipales.

El investigador de la causa por las “licencias truchas” aseguró que “tres jueces dieron por probada ya la asociación ilícita en la autorización y tramitación de las licencias de conducir en la ciudad”.

La banda vendió más de 15 mil registros de conducir ilegales, según estimaron fuentes judiciales. Por día, la organización tramitaba entre 50 y 70 carnets apócrifos y cada integrante de la asociación ilícita facturaba -en promedio- hasta 17 mil pesos por semana.

Pagella además sostuvo que “ocho personas ya fueron condenadas” y aseguró que las penas irían de “tres a 10 años de prisión para los miembros de la asociación ilícita”, y de 5 como piso para el líder.

Los imputados vendían cada registro ilegal a $600 y los carnets profesionales (colectiveros, taxistas, remiseros y camioneros) a $800. La banda cobraba hasta $3 mil cada registroa quienes tenían problemas de salud y no habían aprobado el examen médico. "También se aprovechaban de los ancianos: les cobraban entre $1500 y $2000", dijeron fuentes judiciales. Uno de los imputados confesó que se compró una casa con la plata de las coimas.

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