El fiscal Marcos Pagella pidió 15 años de prisión e “inhabilitación para desempeñar cargos en la función pública” para el ex jefe del área de Licencias de Conducir del municipio Juan Carlos Belmonte. Además, solicitó para el resto de los imputados entre 3 y 12 años de cárcel.

Se dieron a conocer esta mañana los alegatos de Pagella luego de que ayer los jueces llamaran a un cuarto intermedio. A Belmonte se lo imputa por “asociación ilícita por incumplimiento de los deberes de funcionario público por 153 hechos”.

Pagella solicitó además una pena de 12 años de prisión para el médico Alberto Zelaschi por falsificación de 38 documentos públicos. Para Viviana Pared, 9 años de cárcel y está imputada por 73 hechos.

Para Fernando Peña, quien habría cometido 36 hechos y Luis Belmonte, imputado por 39 hechos comprobados, se solicitaron 8 años de cárcel. Leda Araya fue imputada por 64 hechos, y Pagella solicitó 7 años y 6 meses de prisión.

Para Verónica Benedetti (38 hechos), Raúl Hernández (29 hechos), Sabrina Soria (54 hechos), pidió 6 años de prisión e “inhabilitación perpetua para ser funcionario público”.

Para Ester Bonifini, se solicitó 5 años de prisión. Para el actor Federico Bal pidió 3 años de prisión que puede ser dejada en suspenso.

El caso

La causa está caratulada como “Belmonte, Juan Carlos y otros s/asociación ilícita, incumplimiento de deberes de funcionario público, falsificación de documento público, etcétera”.

La banda vendió más de 15 mil registros de conducir ilegales, según estimaron fuentes judiciales. Por día, la organización tramitaba entre 50 y 70 carnets apócrifos y cada integrante de la asociación ilícita facturaba -en promedio- hasta 17 mil pesos por semana.

Los imputados vendían cada registro ilegal a $600 y los carnets profesionales (colectiveros, taxistas, remiseros y camioneros) a $800. La banda cobraba hasta $3 mil cada registroa quienes tenían problemas de salud y no habían aprobado el examen médico. "También se aprovechaban de los ancianos: les cobraban entre $1500 y $2000", dijeron fuentes judiciales. Uno de los imputados confesó que se compró una casa con la plata de las coimas.

En 2014, en el marco de una investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal por la impresión y entrega de licencias de conducir apócrifas, efectivos de Prefectura allanaron las oficinas del distrito Descentralizado El Gaucho, donde además fueron detenidas 25 personas. Entre los involucrados hay funcionarios municipales de carrera. Los investigadores creen que el jefe del área de Licencias de Conducir, Juan Carlos Belmonte, era el jefe de la banda que se dedicaba a otorgar licencias de conducir truchas.

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