En medio de los avatares por su situación en el Consejo de la Magistratura, el juez federal Ariel Lijo resolvió esta semana que no prescribióla causa que investiga el presunto pago de sobornos a funcionarios públicos durante el gobierno del ex presidente Carlos Menem para otorgarle a la empresa alemana Siemens la concesión para la confección de los documentos nacionales de identidad (DNI), finalmente anulada por el siguiente gobierno de Fernando de la Rúa.

La decisión de Lijo, firmada a principios de semana, fue dispuesta en el marco de un planteo de prescripción de los hechos investigados formulado hace un año y cuatro meses por el abogado defensor del ex ministro del Interior Carlos Corach, Mariano Cúneo Libarona. Lijo fue denunciado en el Consejo de la Magistratura por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (CACBA) por la supuesta demora en la tramitación de las causas a su cargo.

El pedido de Corach fue rechazado por las querellas de la Oficina Anticorrupción (OA) -que dirige Laura Alonso- y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) pero sin embargo fue consentido en abril de este año por el fiscal que interviene en la causa, Eduardo Taiano. Tanto la OA como la PIA reclamaron que Corach sea citado a prestar declaración indagatoria.

El argumento esgrimido ahora por Lijo para mantener la causa abierta es que la función de Menem como senador nacional, iniciada en 2005, arrastra a los otros imputados en la causa e impide la prescripción de los hechos, más allá que estos hubieran ocurrido en 1998 y que la pena máxima de los delitos investigados -cohecho y fraude en perjuicio de la administración pública- contempla una pena máxima de seis años de prisión.

El otro argumento del magistrado, más allá de la fecha en la que Corach dejó de ser funcionario público, es que las supuestas coimas a los ex funcionarios públicos se pagaron al menos hasta 2007, y que Menem inició su primer mandato como senador en 2005. Es decir, que el delito continuó cuando Menem, uno de los imputados en la causa, ya había vuelto a ser funcionario público.

Sin contar esta causa -en la que todavía no fue llamado a indagatoria aunque la decisión adoptada esta semana por Lijo implique un indicio de que puede llegar a complicarlo-, el ex presidente tiene un sombrío panorama judicial ya que la Cámara Federal de Casación Penal se apresta a resolver en las próximas semanas si confirma las dos condenas que pesan sobre él por el tráfico de armas a Ecuador y Croacia cuando era el titular del Poder Ejecutivo y el pago de sobresueldos a funcionarios de su gobierno.

Lijo ya elevó a juicio el tramo de la causa que tiene que ver con los ex directivos de Siemens involucrados en los sobornos, admitidos por la compañía ante la Security Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos, un órgano de control de las empresas que cotizan en Bolsa en ese país.

Sin mencionarlos por sus nombres, la empresa de origen alemán había admitido en los Estados Unidos pagos por 2,6 millones de dólares supuestamente destinados a Menem, Corach y el ex director de Migraciones Hugo Franco, aunque también confesó que hubo otros desembolsos que alcanzaron los 6 millones de esa misma moneda hasta iniciado el gobierno del fallecido Néstor Kirchner aunque presuntamente destinados a los ex funcionarios menemistas.

Fuente: Clarín.

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