jueves 28 de marzo de 2024

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Lorenzino cuestionó un posible recorte presupuestario a la Defensoría del Pueblo local

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El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, cuestionó la inciativa que busca "recortar el presupuesto de la Defensoría" de General Pueyrredon para el año que viene, y sostuvo que “afectar el salario de personal y la operatividad del organismo debilitaría a la institución, lo que se traduciría en una vulneración de derechos para los y las marplatenses”.

A través de un proyecto de ordenanza, el bloque oficialista de la Coalición Cívica ARI propuso derogar la actual conformación de tres miembros de la Defensoría del Pueblo, volver al formato original de un "Ombudsman", y utilizar los recursos resultantes de dicha reducción para crear una Oficina de Transparencia y Anticorrupción Municipal, que tendría como objetivo velar por el correcto desempeño de los funcionarios públicos y denunciar actos de corrupción.

“En esta época de pandemia las defensorías estuvieron presentes acompañando a la ciudadanía en un momento muy difícil. Son organismos clave que sirven para fortalecer a la democracia, por lo que cualquier acción que las perjudique tiene un correlato directo con la afectación de derechos de la gente”, sostuvo Lorenzino.

La postura del Defensor del Pueblo provincial tiene que ver con" la intención del Ejecutivo local de reducir las partidas para la Defensoría en el presupuesto para el año que viene, y con una propuesta de ordenanza con la que se busca crear una Oficina Anticorrupción a expensas de los fondos que recibe el organismo".

“La defensorías son ámbitos de participación ciudadana, plurales, y con la misión de que se garanticen los derechos de las personas. Se potencian con la articulación con otros organismos, por lo que buscar crear unos debilitando a otros no hace otra cosa más que afectar a la convivencia democrática”, precisó Lorenzino.

La autora de la iniciativa, la concejal Angélica González, manifestó: “Con esta iniciativa buscamos tornar más eficiente el gasto que realiza el municipio y, a su vez, incorporar un nuevo organismo de control que aporte más transparencia a la gestión pública. Consideramos que muchas de las tareas que se les encomiendan a los defensores del pueblo corresponden originariamente a los concejales".

"La actual conformación de la Defensoría del Pueblo con tres miembros, creada por ordenanza 21430, respondió en su momento más a una situación de reparto de cargos políticos que a una necesidad concreta. Entendemos que con la estructura de un Defensor del Pueblo es suficiente para el correcto desempeño de las tareas que tiene ese organismo. En ese sentido, proponemos que con la reducción presupuestaria que implicaría reducir dos de los tres miembros, se podría avanzar en la creación de una Oficina de Transparencia y Anticorrupción, con independencia funcional, que tenga como objetivo prevenir y perseguir hechos de corrupción”, explicó la concejal del partido de Elisa Carrió.

No es nuevo el planteo del bloque de la Coalición Cívica. El año pasado ya habían propuesto separar el presupuesto de la Defensoría del ámbito del Concejo Deliberante de acuerdo a “la necesidad de ordenar y transparentar sus recursos”. Además, en aquel momento sostuvieron que el presupuesto estaba “escondido, evitando así que la ciudadanía tome real dimensión del gasto que implica sostener dicho organismo” que, aseguran “se superpone con la tarea de los ediles”. Sumado a este antecedente, fue la propia concejal Angélica González y su compañera de bloque, la edil Liliana Gonzalorena, quienes sostuvieron la postura más dura para sancionar al Defensor del Pueblo, Luis Salomon, por el plazo de un año. Finalmente la penalidad votada por el HCD contra el funcionario involucrado en un escándalo que incluyó denuncias de la policía y de agentes municipales, fue de tan solo 2 meses.

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