sábado 6 de abril de 2024

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Ahora Mar Del Plata. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
POLICIALES

Los jueces dan apoyo a Kicillof para que la Justicia federal trate los delitos de narcomenudeo

Lo declararon mediante comunicado oficial donde la Red de Jueces Penales enumera la situación compleja en la que se encuentra la Provincia y la necesidad de que sean investigados bajo esa órbita.

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Ahora Mar Del Plata. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

La Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos lanzó un comunicado luego de que el gobernador Axel Kicillof les pidiera que traten los delitos complejos y de narcotráfico, donde “celebran” y remarcan que harán “votos para que sea acompañado desde la Legislatura”.

Además, recordaron que “la ley nacional 26.052, y su correlato en la ley provincial 13.392 produjeron una nociva disociación de las jurisdicciones para investigar y juzgar algunas de las conductas típicas previstas en la ley de estupefacientes”.

Asimismo, explicaron que constituyeron “la Mesa Interinstitucional de Diálogo, donde sostuvimos la necesidad de derogar la ley de adhesión que la provincia promulgó para asumir su competencia en la represión del narcomenudeo en 2005”.

Por otro lado, aclarron que “en la justicia penal se produjo una saturación. Según un Informe de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, sólo durante el año 2018, se iniciaron más de sesenta mil (63.198) investigaciones penales preparatorias. De ellas, más de un 65% resultó por delitos de microtráfico de estupefacientes, y más del 33% estaba referida a simples tenencias o tenencias para consumo personal”.

Por ese motivo, según, remarcaron: “las consecuencias en el sistema de justicia penal provincial son visible, donde hay un incremento significativo del caudal de trabajo y el nivel de conflictividad de los organismos del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos, especialmente en la primera etapa del proceso. La realización de pericias toxicológicas, que se dilatan por falta de recursos en los laboratorios, además del aumento del número de audiencias en la instancia oral y el tiempo y los recursos que destinan los distintos actores a tal fin”.

“A la fecha de implementación de la ley de desfederalización, la provincia de Buenos Aires ya había sido denunciada por violación a derechos humanos por sobrepoblación y hacinamiento ante organismos internacionales; por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya había observado la deficiencia en la actuación de los poderes públicos locales”, agregaron.

Por último, concluyeron: “El haber focalizado el problema del narcotráfico en la persecución de micro-vendedores callejeros, representó una política criminal fracasada (carente de resultados positivos verificados), insostenible (por los cuantiosos e infructuosos costos que representa para una provincia sin los recursos necesarios) e ineficaz (pues nunca la persecución del último eslabón de las bandas narco-criminales puede desmantelar su organización), que debe ser reenviada a la competencia federal, única autorizada a realizar investigaciones inter-jurisdiccionales que permitan atacar a la cúspide de este tipo de organizaciones. Por todos estos motivos adherimos a la iniciativa gubernamental anunciada”.

Dejá tu comentario

Te puede interesar