La ley de góndolas avanza en la provincia de Buenos Aires y los supermercados ya preparan una ofensiva legal, aunque tienen la esperanza de convencer a los legisladores de los prejuicios que generaría la normativa.El proyecto es impulsado por la gobernadora María Eugenia Vidal y ya tuvo media sanción en el Senado y ahora pasará a Diputados.

La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) llevó el tema por el carril legal en el caso de que los diputados aprueben el proyecto. Según trascendió, cada supermercado se presentarán de forma individual.

De hecho, así lo hicieron con la ley que obligó a las cadenas de supermercados de Santa Fe a cerrar los domingos. Y tras varios fallos de las cámaras de Reconquista y de Rosario, finalmente la Corte Suprema de la provincia declaró inconstitucional la norma de "descanso dominical", según publicó Infobae.

El proyecto de ley de góndolas avanzó en la legislatura bonaerense y a nivel nacional hubo dos dictámenes. La iniciativa podría tratarse en el recinto la semana próxima.

Sea por la iniciativa nacional como por la provincial, la estrategia de los supermercados será la misma: declarar la norma inconstitucional. Mediante diversos escritos, varias cámaras empresarias le hicieron llegar a los legisladores, nacionales y bonaerenses, la posición respecto del tema y cuáles serían las consecuencias, si fuera ley.

La Cámara Argentina de Comercio (CAC); la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (Amcham), la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina (Ccifa) y ASU se expresaron sobre el tema.

El argumento principal de quienes impulsan esta ley es que debe limitarse el espacio en góndola a las grandes empresas para poder darle la posibilidad a las pymes de participar y, de esa manera, generar mayor competencia y reducir los precios. Tanto es así que la iniciativa estipula un máximo de 30% por proveedor.

La Cámara de Comercio Norteamericana también advirtió que la propuesta no sólo atenta contra garantías básicas como el ejercicio de la industria lícita, el comercio, el uso y disposición de la propiedad, consagradas en la Carta Magna, sino que "también abre la puerta a controversias internacionales por ir contra aquello a lo que la República Argentina se ha obligado en tratados internacionales de jerarquía constitucional". Un proyecto de estas características vulneraría el principio de "igualdad de trato" para productos importados, aseguran las entidades empresarias.

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