Por orden directa de Mauricio Macri, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, redactó una resolución que anula el nuevo “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo -ILE-”que regía desde el 2015 y que se publicó este miércoles en el Boletín Oficial.

La actualización del protocolo le daba rango ministerial al ya existente y, según explicó el propio Alfredo Rubinstein a Infobae, no dejaba lugar a interpretaciones sobre cómo debía actuarse. Uno de los cambios más sustanciales era que la objeción de conciencia no podía impedir que un hospital o centro de salud realizara la interrupción del embarazo.

Apenas se conoció la noticia, comenzaron las voces críticas. La primera y más resonante fue la del senador Federico Pinedo, ferviente militante “por las dos vidas”, quien en sus redes sociales publicó: “Me parece lamentable y claramente inconstitucional la resolución del secretario de salud ampliando de manera irresponsable las causales de aborto no punible y limitando la objeción de conciencia médica”.

Y apuntó contra Rubinstein: “El secretario de Salud de la Nación no puede pasar por encima de un debate de seis meses del Congreso Nacional y legislar por sí mismo, contradiciendo normas de rango constitucional”.

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