Malestar en el sistema judicial por la toma de posición del Presidente de la Nación en el caso Lucía Pérez

Las expresiones del jefe de Estado no solo involucran a Matías Farías y Juan Pablo Offidani, para quienes tanto Ministerio Público como representantes de la víctima pidieron condenas de prisión perpetua, sino también a los dos jueces que absolvieron a ambos en el primer juicio que tuvo el caso y a raíz de ese fallo fueron suspendidos y la semana próxima afrontarán un jury de enjuiciamiento.

“El caso de Lucía es paradigmático de la falta de perspectiva de género que tiene el Poder Judicial”, publicó Fernández en redes sociales junto a fotografías del encuentro mantenido ayer con Marta Montero y Guillermo Pérez. Incluso apeló a calificaciones cuando habló de “escandalosa absolución de los imputados en 2018”, lo que también implica una directa crítica a los cuestionados jueces que dictaron ese fallo.

Vale recordar que en aquel primer juicio, para Farías, Offidani como Alejandro Maciel (ya fallecido), solo hubo condenas por comercialización de estupefacientes agravada pero no por los cargos de abuso sexual agravado seguido de muerte en concurso ideal con femicidio, de los que resultaron absueltos. El fallo fue unánime y lo firmaron los jueces Pablo Viñas, Juan Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale, entonces al frente de Tribunal en lo Criminal N°1.

La familia Pérez recurrió esa resolución y logró que el Tribunal de Casación penal bonaerense anulara de la sentencia vinculada a la violación y asesinato, dispusiera la realización de un nuevo juicio y, al mismo tiempo, la suspensión y enjuiciamiento de los tres magistrados por no haber atendido el protocolo de “perspectiva de género” al momento de fallar.

Fuentes judiciales consultadas por Ahora Mar del Plata coincidieron en que las expresiones de Fernández sobre este caso, a días de la resolución del juicio, son “inoportunas e inapropiadas” y la señalaron como una “intervención sobre otro poder del Estado”.

Refieren al artículo 109 de la Constitución Nacional en el que se establece que “en ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”.

Jury

Gómez Urso y Viñas enfrentarán este enjuiciamiento el próximo 14, en La Plata, tres días antes de que se conozca el fallo que el Tribunal en lo Criminal N°2 debe emitir tras superar la instancia de debate, con testimonios de testigos, peritos y presentación de documentación, entre otras pruebas.

Para referentes del sistema judicial esta aparición en escena del Presidente con directo involucramiento en el caso, con apoyo directo a una de las partes, aparece como “un gesto de presión” tanto para quienes deben juzgar a los jueces como para aquellos que deben resolver si habrá condena o nueva absolución para Farías y Offidani.

“No vamos a permitir la impunidad de ninguna de las pibas”, publicó la máxima autoridad del país en sintonía con el reclamo de la familia Pérez y de decenas de instituciones y organizaciones que, durante el desarrollo de este segundo juicio, mantuvieron presencia directa tanto en las puertas de los tribunales marplatenses como participando en el juicio desde la figura conocida como “amicus curiae”.

El acompañamiento de niveles de gobierno a la familia Pérez había sido bien explícito en el inicio de este segundo juicio, cuando participaron de aquella primera audiencia el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, y la ministra de Mujeres, Género y Diversidad bonaerense, Estela Díaz.

Una situación similar había afrontado Presidente a comienzos de este año, cuando durante el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa a mano de ocho jóvenes se le cuestionó desde la defensa que haya posado junto a los padres de la víctima y carteles que pedían condena a prisión perpetua para los entonces todavía acusados.