La firma española Igeotest SL había sido pre adjudicada para la búsqueda privada del submarino ARA San Juan, desaparecido el 15 de noviembre pasado en las profundidades del Atlántico Sur.

De acuerdo a la normativa vigente, una comisión evaluadora integrada por personal del Ministerio de Defensa y asesorada por un grupo de oficiales de la Armada, emitió un dictamen de precalificación aprobatoria. Sin embargo, la abogada Valeria Carreras, que representa a un grupo de familias de los tripulantes, realizó una denuncia penal.

La letrada sostuvo que hay presuntas inconsistencias en la documentación societaria de la firma. Según consideró, los datos societarios que se presentaron difieren a los que fueron presentados en la instancia previa a la adjudicación.

Carreras también objetó cuestiones técnicas del equipamiento ofrecido por la empresa, cuestionó su presunta indisponibilidad en el corto plazo y la nula experiencia en tareas de búsqueda. El titular de Igeotest, Marcelo Devincenzi, (quien se encuentra en Buenos Aires) sostuvo que confía en que cualquier defecto en la oferta de la empresa podrá ser solucionado.

No obstante, en una reunión que mantuvo el ministro de Defensa, Oscar Aguad, con un grupo de familiares, manifestó que este jueves, y luego de que se expida la Oficina Nacional de Contrataciones, el Gobierno tomará la decisión final sobre si dar o no por caído al proceso de contratación.

De suspenderse la contratación, informó Infobae, el Estado intentará adquirir directamente el dispositivo de búsqueda submarina (AUV), cuyo costo es casi igual al alquiler del mismo por 100 días (unos 3.500.000 dólares). Fuentes involucradas además aseguraron que la empresa proveedora brindaría personal para operar al AUV y ofrecería capacitación a técnicos locales para habilitarlos en tareas de búsqueda en otros siniestros. Asimismo, el Gobierno podría contar con un equipo en préstamo hasta que concrete la entrega de una unidad AUV sin uso, cuya disponibilidad no sería inmediata.

De la reunión en la sede de Defensa participaron la secretaria de Coordinación de Emergencias Graciela Villata, el Director General de Asuntos Jurídicos Juan Mocoroa, y el Jefe interino de la Armada Vicealmirante José Luis Villán.

Algunos familiares, expresaron su malestar por las demoras sufridas en la continuidad de las tareas de búsqueda y no descartaron realizar alguna medida de presión, como permanecer por tiempo indefinido en las instalaciones del propio Ministerio de Defensa. Este miércoles decidieron acampar en Plaza de Mayo.

Con banderas en las rejas que separan la plaza de la Casa Rosada, se encadenaron por unas horas para exigir que no se abandonen los trabajos para dar con la embarcación en la que viajaban 44 tripulantes a bordo.

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