Personas con discapacidad, familias, organizaciones que los nuclean y profesionales de la salud realizaron este lunes una manifestación frente la Superintendencia de Salud y marcharon hacia la Municipalidad para reclamar contra el "ajuste en discapacidad".

Los manifestantes denuncian la falta de fondos que garantizan la prestación de diversos servicios sanitarios. "Los prestadores de salud de Mar del Plata, transportistas y familiares de personas con discapacidad decimos 'No al recorte' y solicitamos una respuesta inmediata, basta de jugar con los derechos de los trabajadores y de las personas con discapacidad", dijeron. "Sin prestadores, no hay prestaciones. Y sin prestaciones no hay derechos", advirtieron.

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De la protesta participaron familiares de personas con discapacidad y profesionales de la salud, entre ellos acompañantes terapéuticos, estimuladores visuales, fonoaudiólogos, kinesiólogos, psicopedagogos, psicólogos, musicoterapeutas y terapistas ocupacionales,

"Los prestadores trabajamos en condiciones precarizadas, ya que la demora en la recepción de los pagos supera los 90 días", dijeron,

Durante agosto la Superintendencia de Salud no realizó los pagos correspondientes al mes de junio a las obras sociales, por lo cual muchos prestadores no recibimos nuestros honorarios", denunciaron.

"Somos víctimas del maltrato burocrático desde los inicios de los tratamientos, las condiciones para la aprobación de un presupuesto cada vez son más, y asó también los requisitos para la presentación de las facturas", señalaron los manifestantes.

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"Las familias están expuestas cada año a realizar los mismos procedimientos y a renovar periódicamente el certificado único de discapacidad.

"La falta de comunicación, anticipación y respuesta frente a esta problemática impide a los profesionales sostener su economía", expresaron.

"Al día de la fecha no hay información oficial o comunicados de los organismos oficiales. Por tal motivo el reclamo sigue vigente y en muchos sectores del país se extiende el paro", añadieron.

Los manifestantes advirtieron que "las condiciones precarizadas históricas, la falta de pagos y la no comunicación de los organismos oficiales ponen en riesgo los derechos de las personas con discapacidad, atentando con sus tratamientos, su calidad de vida y bienestar emocional".

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