Las organizaciones sociales que habían montado un acampe frente al Casino finalmente levantaron la protesta este miércoles por la tarde, luego de recibir el compromiso por parte del gobierno municipal, que garantizó las canastas navideñas.

“Logramos torcer el brazo al gobierno. Tras ardua lucha y en el contexto del 36 Festival Internacional de Cine, sacamos el compromiso de Cristian Beneito de sentarnos en mesa de dialogo la primera semana de diciembre, donde se garantizarían las canastas navideñas con productos frescos y en mayor cantidad a la del año pasado en consonancia con el incremento constante de personas que se suman a luchar por trabajo y paliativos”, indicaron.

“En esa mesa de diálogo seguiremos planteando la necesidad de trabajo genuino, obra pública para los barrios, tierra, vivienda y asistencia a los comedores populares. De no haber acuerdo en esa mesa de diálogo, el plan de lucha continuará”, señalaron los manifestantes.

El intendente Guillermo Montenegro se había expresado molesto por el acampe. “No voy a aceptar que dañen a Mar del Plata”, escribió el intendente en una carta en sus redes sociales. “Ensuciar la imagen de Mar del Plata con un acampe en la Rambla en el inicio del Festival Internacional de Cine y de un fin de semana largo, genera un claro problema para nuestra ciudad. Más allá de la libre circulación, impacta en el cuidado del laburo, que es lo que supuestamente piden”, sostuvo Montenegro.

El municipio había denunciado penalmente el corte de tránsito. La denuncia de la municipalidad fue presentada ante la Jefatura Departamental de Policía. Los hechos representarían delitos de acción pública por violar el artículo 14 de la Constitución Nacional debido a que el corte sin autorización del Municipio “altera la comunicación y el derecho a transitar por el territorio argentino".

En este contexto, los hechos encuadrarían “prima facie” en la figura penal descripta por el artículo 194 del Código Penal de la Nación, que manifiesta que “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.

El encuadre radica en el hecho de que este delito pone en peligro "el orden social, la seguridad del tránsito y de los medios de transporte, como asimismo vulnera los sentimientos de seguridad y tranquilidad indispensables para el libre y completo desarrollo de las actividades humanas".

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