La Justicia Federal investigó y allanó en 2018 el predio rural La Coca, ubicado en el kilómetro 15,5 de la ruta 226, donde eran explotados siete trabajadores y trabajadoras migrantes, que vivían en precarias condiciones, realizando jornadas extensas de trabajo, por las que recibían a cambio montos y modos de pago por fuera de la ley.

Su dueño, Wilson Adalí Garzón López, que se encontraba en libertad condicional luego de ser condenado a seis años de prisión en 2015 por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral por hechos ocurridos en el mismo campo, fue nuevamente procesado. Ahora, el fiscal general Daniel Adler, a cargo de la Fiscalía Federal N°2, solicitó la elevación a juicio de esta nueva causa.

La imputación aborda una modalidad de explotación de la tierra propia de la servidumbre de la gleba: familias migrantes acogidas en concentraciones territoriales y que desarrollan su vida en forma prácticamente total y subordinadas a una persona que les da comida, casa y trabajo. En esta línea, el fiscal señaló que la ley de trabajo agrario que rige la actividad viene a exigir el cumplimiento de determinadas normas, para evitar justamente situaciones abusivas o delictivas respecto de personas que se encuentran alejadas de los centros urbanos y que dependen prácticamente en forma exclusiva del empleador.

“La violación a esta ley no implica de por sí la configuración del delito de trata, pero cuando son varios los elementos que se constituyen en un caso, como aquí ocurre, la vulneración normativa constituye un indicio del comportamiento delictivo”, reparó.

“Pese a la advertencia que implicó una condena penal anterior, Wilson no registró a las personas que vivían en el predio a su cargo, las hacía trabajar más horas de las debidas, no les daba recibo, vivían en condiciones de salubridad precarias, hacinadas, sin calefacción, sin baño privado, sin agua caliente y sin cuidado debido de los niños y niñas. No se trata de una sola infracción a las normas laborales, sino de múltiples vulneraciones normativas que, en su conjunto, afectan gravemente la dignidad de las personas”, subraya el requerimiento de elevación a juicio.

En concreto Garzón López está acusado del acogimiento para sometimiento a la servidumbre con fines de explotación laboral en la quinta La Coca, de dos grupos familiares que vivían, dormían y trabajaban allí desde hacía al menos dos años, hasta el allanamiento realizado el 27 de noviembre de 2018.

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