Ricardo López Murphy, diputado electo por Juntos por el Cambio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pidió el juicio político de Adrián Grünbergy Daniel Obligado,los jueces que sobreseyeron a Cristina Fernández de Kirchner el pasado viernes y que dispusieron que no se hiciera el juicio del caso Hotesur-Los Sauces.

López Murphy los acusó de “mal desempeño” de sus cargos y del delito de prevaricato, que castiga con una multa e inhabilitación absoluta perpetua al “juez que dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por él mismo o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas”.

Esta mañana, Ricardo López Murphy hizo su presentación en el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de controlar la actuación de los jueces. El diputado firmó el pedido de juicio junto a otros dirigentes de su espació político, como María Eugenia Talerico, que fue vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante la gestión de Mauricio Macri.

De acuerdo con la denuncia, Grünberg y Obligado “han adecuado su decisión con la finalidad de obturar la celebración del juicio oral y público” y firmaron el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner “desatando un verdadero escándalo jurídico.”

La acusación asegura que “los magistrados tergiversaron de manera intencionada el sistema penal formal y sustancial, dando privilegios procesales a Cristina Fernández de Kirchner y al resto de los acusados so pretexto de supuestas ‘novedades’ que jamás podrían reputarse como tales y que exceden los supuestos legalmente habilitados por las normas procesales para tratar la cuestión”.

Además, omitieron “considerar todo lo actuado y decidido durante años” por los jueces que intervinieron antes en la causa y consideraron que debía ir a juicio, “eliminando con este plumazo” la instancia del debate oral y público, teniendo incluso prueba pendiente que el propio tribunal había ordenado.

Ricardo López Murphy y el resto de los denunciantes señalaron que su planteo no obedece a una diferencia de criterio jurídico con los jueces. “No cuestionamos lo actuado por los jueces por divergencias en la interpretación jurídica o por disentir en la valoración de los hechos, sino porque estos jueces atropellaron el ordenamiento jurídico deliberadamente, impidiendo indebidamente el desarrollo del juicio oral y público, tal como lo fuera solicitado por el fiscal del caso y la jueza, en disidencia, Dra. Palliotti”, afirmaron.

También cuestionaron ”la celeridad inusitada observada para resolver el caso” y consideraron que los jueces eligieron una “vía fraudulenta” para cerrar el expediente. “Resulta imprescindible la apertura de una investigación por mal desempeño, en los términos del art. 53 de la Constitución Nacional, y por la eventual comisión del delito de prevaricato”, dijeron.

Según la denuncia, los jueces sobreseyeron a Cristina Fernández de Kirchner “concentrando su actividad en descalificar arbitrariamente tipos penales, aplicando una doctrina de ultra actividad de la ley penal mas benigna en un caso de delito continuado para afirmar que no se cometió el delito de lavado de activos, sosteniendo sin fundamento la violación del principio del non bis in ídem con relación al delito de asociación ilícita y descartando el delito de dádivas con ligera interpretación de las reglas del concurso ideal”.

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